Descarta el ofrecimiento una vez que los expertos reconocieron no tener experiencia en campañas electorales
MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El juez del denominado 'caso Neurona' ha rechazado que los peritos que Podemos vinculó a Vox hagan el informe que encargó hace casi un año para determinar si los 363.000 euros que abonó la formación 'morada' a la consultora se corresponden con los trabajos realizados.
Cabe recordar que el pasado 7 de septiembre una mercantil ofreció sus servicios para realizar la pericial con la que se pretende fijar cuánto costaron los servicios que los trabajadores contratados por Neurona prestaron a Podemos durante la campaña a las elecciones generales de abril de 2019.
Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que el magistrado Juan José Escalonilla ha explicado que ha descartado el ofrecimiento de la mercantil una vez que reconoció en sede judicial no tener experiencia en campañas electorales. Así las cosas, el juez ha incidido en que al no contar con los conocimientos necesarios no es pertinente que se haga cargo de la pericial.
La decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid tiene lugar después de que Podemos pidiera que se desestimara el ofrecimiento y que, además, se investigara si Vox --que ejerce la acusación popular en la causa-- ha tratado de "influir" en el procedimiento a través de los dos peritos.
Los de Ione Belarra indicaron al juez que habían tenido conocimiento de "hechos relevantes" que, a su juicio, "explicarían la razón de la oferta formulada por IP Peritos Judiciales SL". Según defendieron, "lejos de ser un acto espontáneo", podría "estar orquestado desde la acusación popular referida, habida cuenta de sus vinculaciones con el partido político Vox".
EL JUEZ BUSCA PERITOS
La situación tiene lugar toda vez que el juez Escalonilla lleva meses buscando un equipo de peritos que asumiera el informe que reclamó. El pasado abril, ante la negativa del perito anteriormente designado, el juez dirigió un oficio a la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid y a la Asociación de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid para que indicaran al Juzgado un "perito capacitado para la elaboración del informe".
Este informe es la única diligencia que queda pendiente en la investigación, al margen del informe en el que ya trabaja la Unidad Central de Ciberdelincuencia sobre los correos electrónicos del cofundador de Podemos imputado en esta causa, Juan Carlos Monedero.
El magistrado rechazó el pasado julio una nueva prórroga del plazo al considerar que no había más diligencias que practicar. Esta decisión fue recurrida por las acusaciones populares y está pendiente de respuesta por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.
Si se confirma la decisión del juez de no prorrogar las pesquisas, se prevé que una vez que se aporten ambos informes al procedimiento el titular del Juzgado decida si archiva o si, a la vista de nuevos indicios recogidos en dichos informes, retoma la investigación.
CASI UN AÑO DE ESPERA
El informe pericial en cuestión deberá valorar la totalidad de los servicios prestados por los trabajadores contratados por Neurona Consulting: los 48 vídeos realizados previo trabajo estratégico de segmentación, los 48 diseños gráficos realizados por Waldemar Aguado Butanda y las cinco imágenes elaboradas por Vicente León Camú Astudillo, así como la cobertura de siete actos electorales.
Ya en enero, el juez defendió que las "discordancias existentes" entre el contrato, las facturas y los servicios prestados por la consultora Neurona a Podemos justificaban el informe pericial que encargó.
Según precisó el magistrado, las "discordancias" se presentan entre el contenido del contrato de fecha 27 de febrero de 2019, el contenido de las facturas emitidas por la mercantil Creative Advance Interactive Group SA., la factura presentada por la coalición electoral Unidas Podemos ante el Tribunal de Cuentas y los trabajos que constan indiciariamente como efectivamente realizados por los trabajadores de Neurona Consulting.
A su juicio, estas diferencias justifican "la necesidad de proceder a la determinación del precio o coste de los servicios prestados" por los trabajadores de Neurona para "determinar si se compadecen con los 363.000 euros más IVA abonados por la coalición Unidas Podemos en base a dicho contrato".
