La Fiscalía eleva a definitivas sus conclusiones, pide 4 años de cárcel para Batle y Dols
MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía Anticorrupción ha elevado a definitivas sus conclusiones en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra exdirectivos de la ya extinta caja de ahorros balear Sa Nostra. Durante un mes de sesiones se han recabado las declaraciones de acusados, testigos y peritos, y ahora sólo quedan por conocer los informes de las partes que se expondrán el 16 y 17 de junio.
En esta vista oral, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga la operación de 2008 por la que la entidad dio el visto bueno a que el Grupo Martín Gual se quedara con los terrenos de Son Bordoy en Palma de Mallorca a través de una subrogación de los préstamos concedidos a anteriores sociedades.
En el banquillo de los acusados se han sentado los directivos de la caja Pablo Dols, Rafael Oliver y Pere Batle, además de el administrador de una de las empresas del grupo, Javier Collado. Dado que el promotor Martín Gual falleció hace dos años, su responsabilidad se ha extinguido.
A todos ellos el Ministerio Fiscal les imputa un delito continuado de apropiación indebida, subsidiario de delito continuado societario, y pide cuatro años de cárcel para cada uno excepto para Collado, para quien interesa dos años y seis meses.
Según el escrito de acusación de Fiscalía, desde la caja de ahorros hoy ya desaparecida entre 2005 y 2010 se produjeron sucesivas operaciones de financiación al Grupo Martín Gual, que fueron concedidas sin valoración real de los riesgos, sin tasaciones actualizadas y sin estudios de viabilidad. "El resultado fue el desvío de una parte importante de los fondos entregados, que quedaron definitivamente en manos ajenas a la caja de ahorros, así como la causación de un de un perjuicio patrimonial relevante a la entidad", indicaba.
Según la acusación, en 2008, dadas las dificultades financieras de grupos empresariales financiados por Sa Nostra y con el propósito de ocultar la situación financiera real que eso generaba en la entidad, Batle, Dols y Oliver "se concertaron con Martín Gual para que éste se colocase en el lugar de las sociedades Grupo FBex y Grupo Ibercom, fuertemente endeudadas con Sa Nostra y que en ese momento atravesaban grandes dificultades financieras".
"SE MEJORABA DE DEUDOR"
"El objetivo era mantener oculto ante terceros el progresivo deterioro patrimonial de la caja, y Martín Gual aceptó colocarse en la posición de tales deudores porque para ello no habría de asumir riesgo alguno. En su lugar, percibió un importante beneficio económico", sostenía el Ministerio Fiscal.
Pero en las primeras sesiones del juicio tanto Batle como Dols negaron haber buscado ese propósito, y de hecho, el primero, director general de la entidad en el momento de la subrogación, aseguró que optaron por Martín Gual porque "se mejoraba de deudor" y los terrenos quedaban así en manos de un grupo "altamente profesional".
Por el plenario han desfilado tanto miembros de los diferentes órganos de la caja que supervisaron y dieron el visto bueno a esa operación, como analistas de riesgo que la desaconsejaron y empleados del grupo de Gual. Las últimas jornadas se dedicaron a escuchar a los peritos tanto de la Agencia Tributaria como los propuestos por las distintas partes personadas.
