SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia y Administración Pública, Evangelina Naranjo, y el consejero de Empleo, Antonio Fernández, firmaron hoy en Sevilla un convenio de colaboración con objeto de "potenciar" la formación de los demandantes que acudan al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en busca de un puesto de trabajo en los juzgados.
En rueda de prensa, Naranjo manifestó que el citado convenio responde a uno de los "compromisos" del Gobierno andaluz para formar, tal y como reivindican los operadores jurídicos, al personal que cubre las vacantes y las interinidades de los cuerpos de funcionarios de la Administración de Justicia.
El plan de formación, según anunció Naranjo, se completa con la puesta en marcha de un sistema homogéneo en virtud del cual en las oficinas del SAE se elaborará una lista de personas demandantes de empleo que tengan los perfiles adecuados para desempeñar tareas de tramitador, gestor o auxilio judicial. Así las cosas, los demandantes recibirán formación de acuerdo a los puestos de trabajo para los que serán requeridos.
Al hilo de ello, Antonio Fernández definió el convenio como "la puesta de los servicios públicos de empleo y de las nuevas tecnologías en favor de la Justicia", ya que a través de los servicios públicos de empleo se puede "abrir una ventana" a la función pública en materia de Administración de Justicia en la vía de cobertura de plazas.
En este sentido, el consejero dijo que la Junta está preparada para que la cobertura de las plazas se haga en condiciones "suficientemente idóneas" de preparación. Los contratos laborales se gestionarán telemáticamente a través de la aplicación 'Gescontrat@', disponible en la oficina virtual del SAE. El citado convenio entrará en vigor el próximo 1 de enero y su vigencia será indefinida.
En concreto, el SAE hará una bolsa de todos los demandantes que sean aptos para ocupar alguno de los puestos de trabajo que hay en la Administración de Justicia. A partir de la configuración de dicha bolsa se dará la formación específica a los ciudadanos, que serán seleccionados de acuerdo con las Juntas de Personal de las distintas delegaciones provinciales de Justicia y Administración Pública.
