JAÉN, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los juzgados de lo Penal de Jaén acogen mañana la vista contra el ex alcalde socialista de La Iruela Antonio Castillo más otros cuatro antiguos concejales acusados de un delito de omisión de perseguir una infracción penal por permitir supuestamente irregularidades urbanísticas en esta zona incluida dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, según fuentes judiciales consultadas por Europa Press.
Además, el ministerio fiscal también acusa al técnico que ocupó el cargo de aparejador municipal hasta 2003 al que le considera responsable de un delito de negociación prohibida a funcionario público por emitir un informe favorable para la concesión de una licencia de un hotel cuya titularidad recae sobre él mismo y sobre su mujer. Además, esa construcción se levantó por una empresa en la que él es el administrador. Le piden una multa de 5.400 euros.
Con respecto a los políticos, el ministerio público relata que "desde al menos 1995 hasta 2001" la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de La Iruela, de la que formaban parte los cinco acusados, permitió, "pese a tener conocimiento, la realización de todo tipo de construcciones con importantes irregularidades urbanísticas" en su término municipal, ubicado dentro del mayor espacio protegido de España.
El fiscal hace referencia a casos concretos que surgieron al amparo de esas supuestas irregularidades como una vivienda de dos plantas en suelo no urbano del parque o una urbanización con locales comerciales, apartamentos y viviendas unifamiliares en la que se excedieron en un diez por ciento de lo que en realidad les correspondía. Todo ello se construyó sin que los acusados realizaran acción alguna para impedirlo, según el ministerio público.
Los políticos acusados son, además del ex acalde, el anterior responsable de Urbanismo Serafín V.T.; el que fuera concejal de Obras y alcalde pedáneo de Arroyo Frío José Ramón G.P.; el entonces responsable de la pedanía de Burunchel José Luis G.R.; y Martín F.L. Para ellos el fiscal solicita dos años de inhabilitación para ocupar cargo público por un delito de omisión de perseguir delitos.
