Llamazares pregunta al Gobierno si puede garantizar que ningún recurso de la Familia Real está en paraísos fiscales

Actualizado 09/08/2009 13:33:01 CET

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Gaspar Llamazares, quiere saber si el Gobierno está en condiciones de garantizar que ningún recurso de la Familia Real española se encuentra en paraísos fiscales.

"¿Conoce el Gobierno y está en condiciones de garantizar que ningún recurso de la Familia Real esté en paraísos fiscales?, reza la pregunta parlamentaria registrada por Llamazares en la Cámara Baja y a la que tuvo acceso Europa Press.

En su exposición de motivos, el diputado de la federación de izquierdas argumenta que los miembros de la Casa Real, al contrario que los altos cargos de la Administración General del Estado y de los integrantes del Gobierno, no deben cumplir con las obligaciones previstas en relación con los Registros de Actividades y Bienes y Derechos Patrimoniales.

De hecho, reseña que "no existe transparencia alguna" sobre el destino de la partida presupuestaria asignada en los Presupuestos Generales del Estado para la Casa del Rey, cantidad que el Monarca distribuye discrecionalmente para el sostenimiento de su familia y de la casa.

9 MILLONES DE EUROS EN 2009

Esta partida presupuestaria, que alcanzó los nueve millones de euros en las cuentas públicas de 2009, "escapa al control parlamentario", se queja Llamazares. De ahí que se interese en conocer si los recursos de la Familia Real pudieran estar en paraísos fiscales.

Esta solicitud de transparencia en los gastos de la Casa del Rey ya fue reclamada recientemente por el diputado de IU cuando el Gobierno confirmó, a través de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, la decisión del Jefe del Estado de congelar su partida presupuestaria para el próximo año.

Tras agradecerle su muestra de "sensibilidad", Llamazares le pidió también someter sus gastos al control del Tribunal de Cuentas, como hacen el resto de órganos del Estado para dar así "normalidad democrática al funcionamiento" de la Casa del Rey.