ARRECIFE (LANZAROTE), 3 Jun. (EUROPA PRESS) -
El arquitecto Carlos Morales, esposo de la princesa Alexia de Grecia, ha concluido su declaración ante la Guardia Civil del municipio de Costa Teguise, en Lanzarote, en calidad de imputado por un presunto delito de tráfico de influencias y otro supuesto delito contra la ordenación del territorio en la denominada 'Operación Unión', que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Lanzarote.
Morales salió de las dependencias de la Benemérita pasadas las 13.00 horas, se introdujo en un vehículo y no hizo declaraciones a los periodistas. De esta manera, compareció desde primera hora de la mañana en el puesto de la Guardia Civil, según informaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación, que indicaron que también esta tarde declararán en calidad de imputados otros dos arquitectos de la isla que no están detenidos y cuyos registros en sus despachos profesiones fueron practicados el pasado lunes 25 de mayo, al igual que en el estudio de arquitectura del marido de Alexia de Grecia.
De hecho, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se incautaron el citado día de abundante documentación tanto en papel como en soporte informático del estudio de arquitectura de Carlos Morales.
La Benemérita investiga si Morales resultó favorecido por medios irregulares del Plan de Ordenación Urbana, precisaron las fuentes consultadas.
Su estudio fue uno de los numerosos registros que practicó la Benemérita en viviendas y oficinas en el marco de la denominada 'Operación Unión', iniciada el referido día en el Ayuntamiento de Arrecife (Lanzarote), después de que el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, decretara la detención, entre otros, del ex presidente del Cabildo insular Dimas Martín.
La 'Operación Unión', que salió a la luz pública el pasado lunes 25 de mayo y que investiga una supuesta red de comisiones ilegales a empresarios en Lanzarote, se ha saldado hasta el momento con 20 detenidos, de los que el juez ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de siete personas y otras 13 ha sido liberadas, aunque todas con cargos. Cuatro de los encarcelados son miembros del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), otro es un socialista expulsado de dicha formación y dos son empresarios lanzaroteños.
El juez del Juzgado de Instrucción número cinco de Arrecife ha imputado a todos los implicados un presunto delito de cohecho (soborno), aunque al líder histórico del PIL, Dimas Martín, al que se acusa de ser el cabecilla de la presunta trama de corrupción en Arrecife --donde gobernaban PSOE y PIL hasta que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE consideró roto el pacto con los pilistas el mismo día de estallar el caso y el cese de los encausados--, también se le imputa un supuesto delito de tráfico de influencias, según informaron a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.
La operación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha permitido desarticular una importante trama organizada dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios cuyos intereses económicos dependen en buena medida de decisiones administrativas que están en manos o bajo la esfera de influencia de los cargos y ex cargos públicos de a la organización, como son el pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos, concesión de licencias, entre otros, según la Benemérita.
La investigación se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que no se descartan futuras detenciones o imputaciones, añaden las mismas fuentes.
El secretario insular del PSOE en Lanzarote, Carlos Espino, anunció anoche que los socialistas rompen todos los acuerdos que mantenían con el Partido Independiente de Lanzarote (PIL) y, al mismo tiempo, ha justificado que el pacto se fraguó "cuando Dimas Martín [presidente honorífico del PIL] estaba en la cárcel, las listas estaban renovadas y no había razón para desconfiar".
"Y ahora nos estamos enterando de que Dimas era el que dirigía todo desde la cárcel", aseguró el socialista en una rueda de prensa ex proceso para anunciar su postura ante la supuesta trama de corrupción en la isla.
La ruptura de todos los acuerdos del PSOE con el PIL afectan --en Arrecife ya habían liquidado su acuerdo-- al Cabildo y a los municipios lanzaroteños de Tías, San Bartolomé y Teguise. En este último caso, el PSOE es minoría, pero en los otros dos en los que mantendría el control, Espino dijo que el PSOE "garantizará la gobernabilidad" pero no valora aún posibilidad alguna de pactar de forma estable con otros partidos, sino de hacerlo de forma concreta para medidas "puntuales". "No estamos pensando en estos momentos en acuerdos", dijo.
