Afirman que las leyes de desconexión se introdujeron de forma "irregular", pese a reiterar las advertencias del TC
MADRID, 4 (EUROPA PRESS)
El vicepresidente segundo del Parlament de Cataluña, José María Espejo Saavedra (Ciudadanos), y el secretario segundo de la Mesa del PSC, David Pérez, han afirmado este lunes en el juicio por el 'procés' independentista que este órgano tenía "la obligación" de inadmitir a trámite aquellas resoluciones de ley relacionadas con la independencia dado a que el Tribunal Constitucional (TC) las había declarado ilegales, contradiciendo así las alegaciones de la expresidenta de la cámara autonómica Carme Forcadell, que se enfrenta a 17 años de prisión por rebelión.
Forcadell explicó ante el tribunal presidido por Manuel Marchena, durante su declaración como investigada, que la Mesa tiene que admitir a trámite todas las propuestas parlamentarias sin entrar en su contenido, sólo estudiar las cuestiones formales. Preguntada por el rechazo años antes de dos iniciativas legislativas populares sobre una ley del referéndum, la expresidenta indicó que en este caso sí estaban obligados por ley a entrar en el fondo, una tesis que también ha sido desmentida por estos dos parlamentarios durante sus declaraciones como testigo.
A preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, Espejo ha señalado que el deber de la Mesa --que es un "órgano gubernativo" y no "político", ha afirmado contradiciendo también al presidente del Parlament, Roger Torrent, que le ha precedido en el turno de testificales-- es "calificar" la admisibilidad de cualquier proposición independientemente de quien la presente.
Con respecto a la tramitación de la ley del referéndum y la de transitoriedad jurídica --conocidas como leyes de desconexión aprobadas el 6 y 7 de septiembre de 2017-- ha dicho que en reiteradas ocasiones recordó "expresamente" las advertencias del TC y que manifestó su oposición sobre permitir el debate sobre las leyes independentistas.
"MUCHOS DEBATES E INTENSOS"
"¿Hubo debate por esta cuestión?", ha preguntado la fiscal. "Sí, muchos e intensos, porque los miembros de la Mesa proclives a la independencia decían no había que hacer caso porque la Mesa no podía ser un órgano censor y que el Tribunal Constitucional no estaba por encima de las mesas de los Parlamentos", ha respondido el vicepresidente del Parlament.
No obstante, la Mesa introdujo de manera "totalmente irregular" dichas leyes para evitar que antes de que concluyesen sus tramitaciones fuesen impugnadas por el Tribunal Constitucional, ha subrayado. Por ello, se hizo en "tan sólo un día" y "no fue de manera espontánea", ha añadido.
De hecho, ha recalcado la sorpresa que le causó que la ley de transitoriedad jurídica --que era una norma fundamental transitoria para la constitución de una república catalana-- fuese admitida a trámite "de madrugada". Ha apostillado que los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017 --a los que asistieron como público el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha indicado-- ya estaban "agendados" y se cambiaron los órdenes del día previstos para que estas leyes se "calificasen, se admitiesen, se debatiesen y se aprobasen" ese mismo día, aunque llevasen registradas desde hacía "más de un mes".
Asimismo, ha constatado ante el tribunal que él mismo solicitó acudir al Consejo de Garantías Estatutarias al considerar que el uso del procedimiento de lectura única que se hizo en este caso era un "fraude de ley". Espejo ha recordado que la Mesa, con el voto a favor de los grupos independentistas, no permitió recurrir a él "retorciendo absolutamente el Reglamento del Parlament" y quedando "todo al arbitrio de los proponentes".
VALORACIÓN DEL FONDO DE LAS PROPOSICIONES
En parecidos términos se ha pronunciado el secretario segundo del Parlament, quien ha afirmado que "efectivamente" los miembros de la Mesa tienen la "obligación" de inadmitir propuestas de los grupos parlamentarios cuando éstas "incumplen el ordenamiento constitucional", por lo que sí pueden valorar el "fondo" de las mismas y no sólo la forma en que se presentan.
Pérez ha apuntado que pidió hasta en cinco ocasiones informes jurídicos de determinadas propuestas relacionadas con el proceso independentista y que en todas ellas la Mesa se lo denegó. Ha añadido que él también se opuso a la tramitación de dichas propuestas independentistas y que advirtió por escrito que se podían vulnerar el mandato del tribunal de garantías.
De hecho, ha subrayado que su grupo parlamentario, el PSC, "mostró sus quejas" de que la ley del referéndum se tramitara por lectura única y solicitó que se pidiera el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias. A preguntas de la abogada del Estado, Rosa María Seonae, ha hecho hincapié --al igual que Espejo-- que la dicha ley no fue firmada por el secretario general del Parlament y que por tanto no fue publicada ni en el boletín de la cámara autonómica, ni en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña.
El diputado del PSC también ha puesto de relieve la modificación del orden del Pleno de los primeros días de septiembre para introducir las leyes de desconexión, que sólo se admitieron enmiendas parciales, y no de totalidad, de los grupos parlamentarios y que la ley de transitoriedad se votó a altas horas de la noche, concretamente más tarde de las doce de la noche. Según su versión, la presidenta del Parlament no dio ninguna explicación de los motivos que llevaron a la urgencia en la tramitación.
