Las oficinas judiciales de Madrid estrenan un servicio de nacionalidades

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las ocho oficinas judiciales de la región madrileña, que reforzarán la plantilla antes de final de año con 24 nuevos trabajadores, estrenan un servicio de nacionalidades para agilizar los trámites que los inmigrantes realizan para obtener la nacionalidad y descargar a estas sedes de gran parte de las consultas habituales.

Así lo confirmó hoy el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, durante unas jornadas sobre modernización de la Justicia en las que participó en una mesa redonda con sus homólogos de otras comunidades autónomas.

Y es que a través de esta nueva prestación, de carácter gratuito, a todas las personas extranjeras que deseen obtener la nacionalidad española se les facilitan los impresos de información elaborados por el Registro Civil sobre trámites y la documentación necesaria para adquirir la nacionalidad española. También obtienen ayuda profesional para cumplimentar dichos impresos, con asesoramiento sobre la documentación que falta y cómo obtenerla.

Durante el mes que lleva en funcionamiento este servicio ha atendido un total de 691 consultas de información y se han revisado 59 expedientes, que ya han sido destinados al Registro Civil al tener todos los papeles correctamente.

El consejero adelantó que antes de que finalice el año un total de 24 nuevos trabajadores pasarán a reforzar la plantilla del Registro Civil de Madrid, ubicado en la calle Pradillo, (diez nuevos empleados), y de los distintos registros civiles que existen en la periferia (14 empleados), por lo que sumarán un total de 20 ya que cada municipio que es cabeza de Partido Judicial cuenta con un registro civil.

Por otro lado, la Comunidad de Madrid señala que esta región cuenta actualmente con 481 órganos judiciales y tiene la media más alta de España de asuntos por órganos judiciales (3.255 frente a la media nacional que de 2.534), razón por la que su tasa de litigiosidad, que es el número de asuntos ingresados por cada mil habitantes, es de 216,3, también por encima de la media nacional, situada en 184,6.

De este modo, como expone el Gobierno regional, la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid soporta más de un tercio de la carga procesal de toda España, razón por la cual se viene solicitando al Ministerio el incremento de la planta de la judicial y del número de jueces y magistrados. Actualmente cuenta con 571, lo que supone una media de 9,39 jueces por cada 100.000 habitantes situándola en el puesto 12 con respecto al resto de comunidades autónomas en esta materia.

Durante su intervención, el responsable de Justicia regional también reclamó al Ministerio el incremento de la plantilla de fiscales ya que el número actual, 225, consideran que es insuficiente.

Asimismo, el presupuesto destinado a Justicia por parte de la Comunidad de Madrid se ha cuadriplicado en los últimos cuatro años pasando de los 74,3 millones de euros del año 2003 a los 340,1 del 2009, según datos regionales.

Este presupuesto se destina, entre otros temas, a la construcción de nueve palacios de Justicia en los municipios de Alcalá de Henares, San Lorenzo de El Escorial, Navalcarnero, Pozuelo de Alarcón, Aranjuez, Collado-Villalba, Torrejón de Ardoz, Majadahonda y Valdemoro.

También se han destinado 24 millones de euros para modernizar los sistemas informáticos de toda la Administración regional. Además, próximamente, se producirá la adhesión al sistema de notificaciones LEXNET del Ministerio de Justicia para mejorar la operatibilidad entre ambas administraciones. Actualmente ya están interconectadas con el aplicativo Fortuny de la Fiscalía.

Otro de los objetivos del Gobierno regional para mejorar la Justicia regional es mejorar la formación del personal interino, sobre el que tiene competencias y para el que este año se creará una nueva bolsa específica de Justicia. Además, dentro del ámbito jurídico, la Comunidad de Madrid ha sido pionera en la implantación de un sistema de control telemático para proteger a las víctimas de violencia de género, los conocidos como brazaletes antimaltratadores. Actualmente hay 215 equipos de control instalados.