MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Dignidad y Justicia (DyJ), Daniel Portero, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que investigue un concierto celebrado el pasado sábado en la localidad guipuzcoana de Zarautz que tuvo lugar después de una marcha que el magistrado rechazó prohibir, al considerar que durante su desarrollo pudo producirse el enaltecimiento de miembros de ETA nacidos en la comarca de Urola Kosta.
En el segundo escrito que remite al Juzgado Central de Instrucción número 6 en menos de una semana, Portero asegura que a pesar de que el juez Velasco instó a la Ertzaintza a que evitara la comisión de actos delictivos, durante un concierto que se celebró en el 'gaztetxe' (casa de la juventud) de Zarautz se exhibieron fotografías de presos etarras con el lema 'Euskal Presoak, Euskal Herria'.
En el festival, en el que participaron los grupos 'Egurra eta Kitto', 'Fridays Crew', 'Mercenarios' y 'Ezereza', dos guitarristas "exhibieron pegatinas con las caras de supuestos miembros de ETA", según denuncia el presidente de Dignidad y Justicia, que pide la identificación de los músicos y de los homenajeados para determinar si pudieron cometer un delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas.
El juez Velasco instó el pasado viernes a la Ertzaintza a vigilar que no se cometiera ningún tipo de delito durante los actos celebrados antes del concierto, que comprendían una marcha entre Azkoitia y Zarautz, otra entre Getaria y Zarautz y un mitin en esta última localidad. Después, se organizó un 'txotx' (cata) para "recobrar fuerzas".
NO HUBO PROHIBICIÓN
El magistrado, que no entró en el fondo del asunto, instó a los agentes de la policía vasca a vigilar el desarrollo de estos tres actos e intervenir en el caso de que se produjera en algún momento un delito de enaltecimiento del terrorismo, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En su primer escrito, el presidente de Dignidad y Justicia recordaba la sentencia que la Audiencia Nacional dictó en septiembre de 2008 y por la cual declaró la ilicitud y disolución de Gestoras Pro Amnistía, organización de apoyo a los presos de ETA, y de su sucesora, Askatasuna.
De igual modo, sostenía que la convocatoria no puede enmarcarse dentro del derecho de reunión o manifestación porque, según la jurisprudencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, constituiría "un acto de enaltecimiento y justificación pública del terrorismo".
