SANT ANDREU DE LLAVANERES (BARCELONA), 27 Oct. (EUROPA PRESS) -
Dos agentes de la policía judicial entregaron al alcalde de Sant Andreu de Llavaneres, Bernat Graupera, una notificación del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para que les entregue un convenio urbanístico de 2006, y por lo tanto firmado por el anterior gobierno municipal del PP.
En declaraciones a los medios de comunicación, Graupera afirmó que se trata de una investigación secreta que afecta a "muchos pueblos", por lo que no quiso dar detalles de dicho convenio. Sin embargo, declaró que está "tranquilo" porque el convenio urbanístico no lo firmó el actual gobierno municipal, sino el anterior liderado por Víctor Ros (PP).
Precisamente, Ros y el ex teniente de alcalde de Urbanismo y Obras Públicas, Antoni Jiménez (PSC), fueron citados el año pasado por la fiscalía anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por un caso de irregularidades en un convenio urbanístico.
Éste tenía que permitir que el ayuntamiento pudiese adquirir una guardería privada y convertirla en municipal. A cambio, el consistorio cedía a los propietarios de la guardería cuatro parcelas para construir en ellas viviendas privadas.
