En la iniciativa, asegura que la familia está sufriendo "una especie de apartheid moderno" que no debe consentirse en democracia
MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PP presentará mociones en todos los ayuntamientos, diputaciones y cabildos de España para condenar "la campaña de acoso y amenazas" dirigida a la familia de Canet de Mar (Barcelona) tras ganar en los tribunales que su hijo reciba al menos un 25% de escolarización en castellano. Además, solicita a todas las instituciones que garanticen la seguridad y el interés superior del menor, que está sufriendo "una especie de apartheid moderno".
En la iniciativa, que ha recogido Europa Press, el PP recuerda que el Tribunal Supremo ha avalado en varias ocasiones la obligación de los centros educativos catalanes de impartir un 25% del horario escolar en castellano. Esas resoluciones, añade, no hacen "más que aplicar lo establecido por la Constitución y las leyes, ya que, como fija la Carta Magna en su artículo 3, "el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla"
El PP señala en el texto que la familia de Canet de Mar "ha logrado que el TSJC reconozca sus derechos y obligue a la escuela pública de educación infantil y primaria de Canet de Mar a la que acude su hijo de 5 años a cumplir la ley y las resoluciones de los tribunales", de forma que se imparta "el 25% del horario lectivo en la "lengua oficial de la nación".
Sin embargo, subraya que, ante esta resolución, diversas familias del centro "alentadas por entidades radicales separatistas y por el propio Gobierno de la Generalitat" --que ha considerado "como ataque muy grave" a sentencia del TSJC y del Supremo-- "han comenzado una campaña de acoso contra el menor y su familia".
Según añade, esa campaña "incluye amenazas, difusión de datos personales de la familia y un señalamiento público y constante de la familia, acompañado del vacío y el señalamiento al menor durante las clases". "Una especie de 'apartheid' moderno que va en contra de los más fundamentales derechos humanos y del niño y que no debe ser consentido por ningún ciudadano ni por ninguna institución pública en
una democracia como la española", afirma el PP.
Por todo ello, en su moción, el primer partido de la oposición expresa su "más enérgica condena y rechazo a la campaña de acoso y amenazas dirigidas contra un menor de 5 años y su familia en Canet de Mar".
Tras expresar su apoyo, solidaridad y cercanía con el menor y su familia, insta a todas las instituciones públicas a "velar y garantizar la integridad y el interés superior del menor que debe primar y guiar cualquier actuación pública en defensa de sus derechos conforme a la Declaración Internacional de los Derechos de la Infancia".
OFENSIVA DE CASADO
Este martes, tras verse con asociaciones en defensa del bilingüísmo en Barcelona, Casado avisó a la Generalitat que está dispuesto a acudir a los tribunales por los "delitos" que, a su juicio, se están cometiendo con el caso del niño de Canet de Mar.
Además de llevar este asunto a Europa y volver a pedir a Pedro Sánchez que aplique el artículo 155 de la Constitución, Casado anunció una ofensiva legislativa que incluye aprobar una ley para crear el cuerpo de Alta Inspección Educativa que acabe con el "adoctrinamiento" y una Ley de Lenguas a nivel nacional en la que el catalán no sea requisito en el acceso a la función pública.
Este miércoles, en la sesión de control del Congreso, ha insistido en que denunciará a la Generalitat si Pedro Sánchez no la obliga a cumplir la sentencia o no ejerce su responsabilidad constitucional. Es más, ha dicho al jefe del Ejecutivo que estaría prevaricando si hace la "vista gorda a cambio de votos".
"No puedo entender cómo deja abandonado a un niño de 5 años mientras sus socios separatistas dicen que hay que apedrearle solo porque sus padres hayan pedido que se cumplan sus derechos en Canet", ha espetado a Sánchez, que no ha aludido a este asunto en la pregunta de Casado. Sí lo ha hecho minutos después a preguntas de la líder de Cs, Inés Arrimadas, para pedir que se abandonen declaraciones "inflamatorias" sobre "apartheid lingüístico" en Canet y no politizar la lengua.
