El PP pide retrasar las comparecencias de la 'comisión Kitchen' hasta pasadas las elecciones catalanas y oír al juez

Teodoro García Egea, Cuca Gamarra y Pablo Casado en el Congreso
Teodoro García Egea, Cuca Gamarra y Pablo Casado en el Congreso - EUROPA PRESS/R.Rubio.POOL - Europa Press - Archivo
Actualizado: miércoles, 20 enero 2021 13:46

Exige celebrar a puerta cerrada las comparecencias de investigados en el sumario y garantías de que no se difunden documentos reservados

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El PP ha registrado un escrito en el Congreso pidiendo que las comparecencias de la comisión de investigación sobre la operación 'Kitchen' que afecta a su etapa de Gobierno no se celebren hasta después de las elecciones catalanes y sólo cuando el juez instructor del sumario, Manuel García Castellón, y los servicios jurídicos de la Cámara hayan resuelto una serie de cuestiones previas.

En ese escrito, recogido por Europa Press, el PP insiste en que la comisión de investigación sobre el Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy "no persigue otro fin diferente al de fiscalizar al anterior Gobierno de España, cuyos principales protagonistas están alejados de la de la actividad política, lo que incide en la clara intencionalidad político/electoral de esta comisión".

A su juicio, el PSOE y Unidas Podemos quieren "poner los trabajos de la comisión al servicio de sus intereses políticos", como, aseguran, se demuestra en el propio enunciado de la comisión, donde habla de "ilegalidades con la finalidad de favorecer al PP", y en la demora en iniciar los trabajos (pasaron dos meses desde que la aprobó el Pleno hasta que se constituyó).

"Dicha intención resulta aún más evidente al proponer los grupos Socialista y de Unidas Podemos que los trabajos de la comisión sean coincidentes con un periodo electoral en Cataluña donde es evidente que los trabajos de la comisión serán puestos al servicio de los intereses políticos de ambas formaciones en la mencionada cita con las urnas", añaden.

INFORME JURÍDICO DEL CONGRESO

Por ello, el PP reclama que las sesiones de trabajo de la comisión y las comparecencias no puedan convocarse hasta que finalice el proceso electoral de Cataluña "al objeto de no interferir en la intención de voto del cuerpo electoral".

Pero, además, exige que antes de citar a los comparecientes se hayan recibido una serie de informes aclaratorios que el PP reclama a los servicios jurídicos del Congreso, y también al juez instructor Manuel García Castellón.

Y es que el PP recuerda que tanto el PSOE como Unidas Podemos están personados en el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional, por lo que acceden a documentos del juzgado que ahora van a poder ser reclamados en el Congreso.

Al juez instructor quieren preguntarle si el PSOE y Unidas Podemos pueden usar en la comisión los documentos del sumario, que tiene carácter reservado, y si eso puede afectar a los derechos constitucionales de los investigados.

En cuanto a los letrados del Congreso, pide un informe para que determine las responsabilidades de la mesa de la comisión que preside la socialista Isaura Leal en los interrogatorios de personas investigadas en la causa y en el uso de documentos clasificados.

Pero también pretende que se recuerde el deber de abstención a los diputados que han tenido contacto con el sumario judicial. El principal afectado sería Enrique Santiago, uno de los portavoces de Unidas Podemos en la comisión, que como abogado de IU está presente en varias causas contra el PP.

SÓLO DOCE SESIONES

En cuanto al plan de trabajo que la comisión prevé aprobar este viernes, el PP propone limitar a doce las reuniones de la comisión (dos ara la metodología, ocho para comparecencias y dos para conclusiones), con una periodicidad de una por semana.

Los 'populares' también exigen que ningún grupo pueda vetar comparecencias de los demás y que el PP, ya que entiende que es objeto de investigación, tenga potestad para citar a dos personas cada día.

Y, además, quieren que, cuando el compareciente esté siendo investigado en el sumario judicial, la sesión no tenga carácter público, algo que no se aplicó en la comisión Gürtel, máxime cuando todos los citados tienen derecho a guardar silencio para no ver perjudicada su defensa.