El PP se querella contra el alcalde de Armilla, ex edil de Urbanismo y cuatro ediles más por el centro comercial Nevada

El PP de Granada presentó hoy una querella contra el alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, el ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate y los cuatro concejales, todos socialistas, que adoptaron el acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 30 de septiembre de 2005 para la concesión de la licencia de obras del Centro Comercial Nevada.

En la querella, a la que tuvo acceso Europa Press, el PP, parte perjudicada conforme a los hechos que detalla, se querella contra el alcalde y los concejales referidos, pero excluye del texto al promotor del Parque, Tomás Olivo, imputado en la operación 'Malaya', y denunciado por la Fiscalía en este caso.

De ser admitida, el PP estará personado en el caso, a través de la querella interpuesta ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, encargado del caso. Se presenta por "la posible comisión de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio, y/o aquellos otros ilícitos penales que a lo largo de la investigación pudieran determinarse".

El presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, pidió hoy en un desayuno informativo "responsabilidades políticas" porque es un "disparate" que el actual regidor, Morales Cara, que ayer prestó declaración en calidad de imputado, continúe como alcalde de Armilla.

Sostiene en su querella el PP que el Ayuntamiento de Armilla "consciente plenamente" de las irregularidades puestas de manifiesto y sabiendo que ello podría implicar la "no aprobación definitiva del Plan Parcial Sector B" decidieron aprobarlo definitivamente con informes de personas ajenas al Consistorio, con la "única finalidad de ocultar la realidad de lo que estaba pasando".

Tras exponer los hechos, el PP solicita la declaración de los querellados, que se reciba declaración al representante o portavoz del Grupo Municipal del PP de Armilla, así como documental, incorporada ya a las diligencias previas, que se dan por reproducidas.

Así, el PP se adhiere a lo que solicite el Ministerio Fiscal, que investigó los hechos a raíz de una denuncia presentada por el PP, y el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, al que corresponde el caso.

Por último, pide que se remita un oficio a la Diputación provincial de Granada para que se informe si el Ayuntamiento está acogido al beneficio de Asistencia Jurídica a Municipios en materia de asesoría legal urbanística, puesto que una letrada del mismo realizó un informe durante la tramitación pese a contar el Consistorio con funcionario de carrera al que, en principio, le correspondería informar y cuyo informe no consta en las actuaciones.

El PP no descarta ampliar su querella contra "terceras personas de las que se sospecha que puedan tener responsabilidad en los hechos" como el arquitecto Rico Amat, responsables del Servicio de Asistencia a Municipios de Diputación o responsables de la Delegación de Obras Públicas de Granada.

El PP pide expresamente la "exención" de fianza puesto que entiende "representa y engloba a sus concejales de Armilla, corporativos de dicho Ayuntamiento e integrantes de la corporación, perjudicada por los ilícitos objeto de la querella".

La ronda de declaraciones de testigos e imputados comenzó la pasada semana, ayer declaró el regidor, Morales Cara, que defendió la "legalidad" de las actuaciones, y mañana, pese a ser festivo en la comunidad, declarará ante el juez instructor, Miguel Ángel del Arco, el ex edil de Urbanismo y ex vicepresidente de Diputación, Gabriel Cañavate, imputado en el caso, al encontrarse Instrucción 6 en funciones de guardia.