El presidente del TC, "satisfecho" por el respaldo del TEDH a la suspensión del Pleno del Parlament sobre el 1-O

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ha mostrado este miércoles su "satisfacción" por la resolución dictada ayer por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala la decisión de suspender el Pleno del Parlament del 9 de octubre de 2017, en el que el expresidente Carles Puigdemont iba a valorar los resultados del referéndum ilegal del 1-O.

Durante su discurso en la inauguración de la tercera edición del curso de la Academia de Práctica Jurídica Europea, González Rivas ha recordado que la suspensión de ese Pleno a cargo del Constitucional tuvo lugar en un "momento histórico" y se ha felicitado de que el tribunal con sede en Estrasburgo haya respaldado "las valoraciones" que efectuaron en su momento los magistrados españoles.

En concreto, ha sido cuando González Rivas se estaba refiriendo a la importancia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y del TEDH, las cuales son tomadas "muy en cuenta" por el TC, cuando ha hecho esa pequeña mención a raíz del espaldarazo que recibió ayer el tribunal que preside.

El tribunal de Estrasburgo inadmitió el recurso que presentaron 76 exdiputados del Parlament, algunos de ellos acusados en el juicio del 'procés' como Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, alegando que la decisión del TC de suspender el Pleno estaba justificada por los objetivos legítimos de "seguridad pública", "defensa del orden" y "protección de los derechos y libertades de los demás".

Los magistrados del TEDH consideran que la decisión de la Mesa del Parlament al convocar ese Pleno en aplicación de la ley de referéndum, que ya había sido suspendida, fue "el resultado de un claro incumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional, que tenían por objeto proteger el orden constitucional".

De igual modo, recuerdan que "un partido político puede hacer campaña a favor de un cambio en la legislación o en las estructuras jurídicas o constitucionales del Estado, siempre que utilice medios legales y democráticos y proponga un cambio compatible con los principios democráticos fundamentales".