Podemos y las minorías, reacios a aprobar unas conclusiones que no llegarán al Pleno: la comisión se ha "cerrado en falso" y sin Rajoy
MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
El PSOE está trabajando ya en una propuesta de conclusiones sobre el trabajo realizado por la comisión creada en el Congreso en mayo de 2017 para investigar la supuesta financiación ilegal del Partido Popular y quiere negociarla con el resto de grupos para que se pueda aprobar un texto. Sin embargo, de momento sólo Ciudadanos se muestra proclive a buscar un acuerdo.
Los miembros de la Mesa y los portavoces de la comisión que preside el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, se reunirán el próximo martes para estudiar las propuestas de conclusiones, a sabiendas de que, de haber acuerdo, el texto resultante sólo podrá ser aprobado por la comisión, pero no por el Pleno.
Y es que el adelanto al 28 de abril de las elecciones generales ha hecho imposible que esas eventuales conclusiones se puedan formalizar oficialmente en una sesión plenaria, puesto que el Congreso se disolverá el 5 de marzo.
Así las cosas, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el PSOE está trabajando para intentar que esas conclusiones vean la luz al menos en la comisión, que tiene previsto reunirse también la próxima semana, previsiblemente el día 28.
DE MOMENTO, SIN MAYORÍA PARA UN DICTAMEN
Sin embargo, de momento, sólo Ciudadanos está dispuesto a intentar alcanzar un acuerdo con los socialistas sobre ese documento, con el objetivo de que se pueda aprobar un dictamen aunque éste no llegue al Pleno. Hoy por hoy, no parece factible que vaya a haber conclusiones porque los votos de PSOE y Cs no son suficientes para sacarlas adelante.
Unidos Podemos, ERC y EH Bildu, que ostenta la portavocía del Grupo Mixto en la comisión, sostienen que, tras tantos meses de trabajo y más de 50 comparecencias, la comisión se ha cerrado "en falso" y, en principio, son reacios a aprobar un texto auspiciado por los socialistas, sobre todo, porque esperan una "faena de aliño".
Todos ellos están molestos con el PSOE por haber incumplido el acuerdo alcanzado en la primavera de 2017 para que Mariano Rajoy, el presidente del PP que promovió a Luis Bárcenas, fuese el último en ser interrogado por los comisionados.
Incluso Ciudadanos ha cargado contra los socialistas por salvar a Rajoy, decisión que, sospechan, tendría como contrapartida que el PP no citara a Pedro Sánchez para dar cuenta de sus tesis en el Senado en una comisión de investigación que, en realidad, ni siquiera va a arrancar por la disolución de las Cortes.
NI RAJOY, NI FLORENTINO, NI LA 'KITCHEN'
Además, todos estos grupos reprochan al PSOE que, a mediados de noviembre del año pasado, dejara morir la investigación --sometiéndola a una especie de "coma inducido", en palabras del diputado de Bildu, Oskar Matute-- frenando la celebración de comparecencias que ya habían sido pactadas.
Así, no llegaron a sustanciarse las del presidente de ACS y del Real Madrid, Florentino Pérez, ni desfilaron por el Congreso los supuestos responsables de la 'Operación Kitchen' organizada desde el Ministerio del Interior, con la colaboración del excomisario José Manuel Villarejo, para robar a Bárcenas documentos que implicarían a dirigentes del PP en la financiación ilegal.
En concreto, se habían programado las comparecencias del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó --que cuando se produjo el supuesto robo era director de la Policía--; del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz; de Sergio Ramos, chófer del extesorero; y del empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex 'número dos' del PP, María Dolores de Cospedal.
Con estos precedentes, ni Unidos Podemos, ni las formaciones minoritarias tienen especial interés en pactar las conclusiones que, en su caso, pudieran sellar el PSOE y Ciudadanos, aunque no se cierran en banda. De no recabar más apoyo que el de socialistas y naranjas, y teniendo en cuenta que el PP no piensa colaborar lo más mínimo, ese dictamen quedaría en nada.
EL PNV CREE QUE RAJOY YA PAGÓ
Tampoco el PNV es muy proclive a aprobar algo a estas alturas porque considera que los tribunales ya se están pronunciando sobre la financiación del PP y que, en el plano político, este partido ya pagó sus responsabilidades con la moción de censura que sacó de Moncloa a Rajoy.
De su lado, el PP, que tiene recurrida la comisión ante el Tribunal Constitucional, ya ha adelantado su intención de presentar un voto particular en el caso de que finalmente se convoque a la comisión para votar unas eventuales conclusiones que, de existir, dan por hecho que serán en su contra y utilizarán su propio texto para refutarlas.
