Asegura que no hay "base legal" para evitar que los ayuntamientos de ANV reciban dinero del fondo de 8.000 millones, pero que la buscarán
MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, recordó hoy que el Tribunal Supremo (TS) ya dijo en su momento que la ilegalización de ANV no daba "base suficiente" para disolver los ayuntamientos en los que gobierna, al tiempo que subrayó que serán los partidos políticos los que deban hacer "todo lo posible para desalojar a quienes no condenan la violencia de los puestos de gestión de esos ayuntamientos".
En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, resaltó que el Gobierno "por supuesto" que está "vigilante" y utilizará "todas las posibilidades" que ofrece el ordenamiento jurídico, pero siempre sin "vulnerarlo". "Tenemos que hacerlo con base legal, y la sentencia del TS y ayer mismo un informe de la abogacía del Estado hacía referencia al artículo que permitiría la disolución de estos ayuntamientos y decía que había que buscar base suficiente", apuntó.
Según explicó, ese informe dice que se podrán disolver esos ayuntamientos cuando haya un "apoyo reiterado" al terrorismo, y agrega que las fuerzas y cuerpos de seguridad tenían que ir construyendo una base legal "suficiente para poder esgrimir ese artículo".
Salgado destacó que el PSOE apuesta, además, por que allí donde ANV no tiene mayoría absoluta, haya un acuerdo de las fuerzas políticas para que "no siga gobernando ese ayuntamiento". Añadió que por ejemplo en el caso de Marbella (Málaga) fue el "interés general con todos los procedimientos que marca la ley" el que propició su disolución.
FONDO DE 8.000 MILLONES DE EUROS
Preguntada sobre si hay alguna manera de evitar que los ayuntamientos de ANV reciban dinero del fondo de 8.000 millones de euros del Gobierno para los municipios, señaló que los ciudadanos de Azpeitia, "hayan votado a ANV o a otro partido, tienen el mismo derecho" porque son "ciudadanos españoles, a beneficiarse de esos fondos". Eso sí, indicó que habría que buscar una "posibilidad que permita que no sean estos gestores los que gestionen estos fondos".
"De momento no la hemos encontrado en la redacción del decreto ley, no hemos encontrado una base legal que nos permita una actuación distinta. Vamos a seguir buscándola. Los españoles tienen que tener la seguridad de que lo que sí vamos a hacer es controlar el destino de estos fondos para que se dediquen a aquello que el decreto ley dice. Los ciudadanos de Azpeitia no pueden verse perjudicados por la actitud de su alcalde", sentenció.
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