Rechaza que sean trasladados a Kenia y se niega a archivar la investigación como pedía la fiscal
MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha anulado la medida de prisión provisional que dictó ayer contra los siete piratas somalíes detenidos el miércoles por el buque español 'Marqués de la Ensenada' obligado por la posición de la Fiscalía, que hoy retiró su acusación contra ellos y solicitó su entrega a Kenia.
Andreu, que critica en su auto la decisión del Ministerio Público, se opone a ceder la competencia al país africano y decide mantener abiertas las diligencias de investigación. Esta decisión también afecta a los últimos siete piratas detenidos en la tarde ayer. Todos ellos quedarán en libertad.
"Por imperativo legal y en absoluta disconformidad con el criterio que este Juzgado habría mantenido dada la gravedad de los hechos que se imputan a los detenidos, la indudable competencia de este órgano judicial y de la jurisdicción española para su enjuiciamiento y el no previsiblemente sino absolutamente probable riesgo de fuga no cabe otra medida que acordar la libertad provisional de los detenidos y dejar sin efecto la privación de libertad que sobre ellos pesa", dice el juez en su auto emitido hoy.
No obstante, el magistrado rechaza la petición de entregar a los detenidos a Kenia ya que, según entiende, "si el Juzgado lo admitiera, quebrantaría los principios constitucionales básicos del proceso y las garantías a las que se ven sujetos" los detenidos.
Andreu responde así a la Fiscalía, que hoy había pedido al juez que deje sin efecto su orden de prisión provisional y que los piratas fueran a Kenia para que sea el país africano el que ejerza la jurisdicción sobre ellos y no la Audiencia Nacional, es decir, lo contrario a lo que solicitó ayer el propio Ministerio Publico.
El escrito, firmado por la fiscal Blanca Rodríguez, pide que "las personas detenidas sean entregadas a Kenia y se interesa que se deje sin efecto la prisión provisional acordada, al objeto de permitir la entrega de los detenidos por parte de las fuerzas integradas en Eunavfor --fuerza naval de la Unión Europea-- a las autoridades de Kenia, con el archivo de las presentas diligencias".
La Fiscalía justificaba su cambio de postura haciendo alusión al "Canje de Notas entre la UE y Kenia sobre las condiciones y modalidades de entrega de personas sospechosas de haber cometido actos de piratería". Según este convenio, firmado el pasado marzo, "procede entregar a las personas detenidas a las autoridades competentes de Kenia, a fin de continuar el procedimiento judicial".
RESPUESTA CONTUNDENTE A LA FISCAL
Sin embargo, Andreu responde a estos argumentos indicando que "la decisión del Consejo de la Unión Europea al que alude el fiscal no afecta, no puede afectar, a personas inmersas en un procedimiento abierto por la jurisdicción española, personas a las que se les ha imputado la comisión de delitos de carácter muy grave y ante las que se han adoptado medidas cautelares, por lo que tampoco procede el archivo de las diligencias".
Asimismo, el juez insiste en que "el Estado Mayor de la Defensa ha venido denunciando en este Juzgado hechos considerados como delitos sobre los que la jurisdicción española tiene competencia directa" para justificar que "tampoco procede el archivo de las actuaciones".
No obstante, el propio Andreu presagia que "probablemente y debido a la resolución que este Juzgado, en ese acto, se ve obligado a adoptar, no pueda , finalmente, terminar con el enjuiciamiento de los inculpados".
El citado Canje de Notas al que apela la Fiscalía supone una garantía para aquellos países que, como en el caso de España, no cuentan con el delito de piratería recogido expresamente en su Código Penal y sólo tiene validez en las detenciones que se produzcan en el seno de la operación internacional 'Atalanta' desplegada en aguas somalíes.
La decisión del Ministerio Público se produce sólo un día después de que pidiese el encarcelamiento de los bucaneros al considerar que España es competente para investigar los hechos. Tuvo en cuenta para pedir el encarcelamiento de los siete "la gravedad de los hechos, que según el Código Penal español, constituirían inicialmente delitos de detención ilegal, robo con violencia y empleo de armas".
Además, la Fiscalía citaba ayer el Convenio de Ginebra del 29 de abril de 1958 y la Convención de las Naciones Unidas de Montego Bay (Jamaica) de 1982 que establecen el deber de todos los Estados de cooperar en la represión de la piratería en alta mar, perseguible por todos los países por el principio de jurisdicción penal internacional.
La última decisión del juez afecta también a los otros siete piratas, que fueron detenidos en la tarde ayer también por el buque español, que participa en la misión internacional 'Atalanta' cuando trataban de atacar un buque mercante de bandera maltesa, después de que la Fiscalía tampoco haya solicitado ninguna medida contra ellos. Según informaron fuentes jurídicas, el juez también decretará su libertad en las próximas horas.
