Un testigo dice que conoció "por el boca a boca" que podía hablarse con el exdirector para fraccionar deudas y pagó en metálico
SAN SEBASTIÁN, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
Una subinspectora de la Hacienda de Guipúzcoa ha explicado que descubrió que pagos de una deuda tributaria realizados en metálico por un contribuyente al exdirector de la Hacienda de Irún José María Bravo, principal imputado por el presunto fraude en esta oficina tributaria, aparecían como no abonados, por insolvencia, en la aplicación informática del fisco guipuzcoano, algo que es "improbable" pudiera deberse a un error.
En la séptima jornada del juicio por el presunto fraude de la Hacienda de Irún, que se desarrolla en la Audiencia de Guipúzcoa, y en el que también están imputados la esposa de Bravo, Rosa Cobos, y el que fuera su socio, Pedro Atristain, ha testificado, entre otros, una subinspectora del fisco guipuzcoano que trabajó 13 años en la Oficina de Irún como funcionaria bajo la dirección del principal imputado en este caso, María Eugenia Rebollo.
A preguntas de las partes, ésta ha explicado que Bravo fue su superior en Irún desde 90 hasta el 2003 donde trabajaba como funcionaria interina. A partir de entonces pasó a trabajar en la sede de la Hacienda foral en Errotaburu, en San Sebastián, tras sacar plaza de subinspectora.
Según ha indicado, en 2000 desapareció la Caja en la Oficina de la Hacienda foral en Irún por lo que dejaron de hacerse ingresos en metálico. En cuanto al pago de deudas tributarias hasta entonces, ha explicado que en la oficina de Irún se recogía el dinero, se aportaba al contribuyente un recibo, se quedaban con la matriz del mismo, y con una copia del justificante del embargo del dinero. Todo esto se guardaba en un cajón y "a la mañana siguiente normalmente se ingresaba" en el banco, ha puntualizado.
Rebollo ha indicado que le llamó la atención el caso de un contribuyente, que una vez desaparecida la Caja, continuaba haciendo pagos en metálico, para lo cual se desplazaba desde Hondarribia a Irún, algo que le preció "raro", porque ya "no era frecuente", aunque pensó que habría adquirido ese "hábito" e igual así "se sentía más seguro", por lo que no le dio más importancia.
En cuanto al fraccionamiento de deudas tributarias, ha indicado que a veces los contribuyentes así lo solicitaban, sobre todo "cuando las cantidades eran muy importantes". También ha indicado que la imputación de pago en el sistema informático a un expediente concreto se hacía como máximo en dos días.
En todo caso, ha añadido que una minoración de la misma "no era posible". "El procedimiento de fraccionamiento era un acuerdo verbal" y, por tanto, no se entregaba ningún justificante del mismo, ha indicado.
La subinspectora ha relatado que cuando ya trabajaba en San Sebastián durante una inspección a un contribuyente, al que citó el 14 de junio de 2006, le comunicó "un poco alterado" que "había tenido una inspección hacía bastantes años, que había pagado bastante dinero y le habían asegurado que no se le iba a volver a inspeccionar".
"Él insistía en que había pagado mucho dinero, creo que muchos millones, y le habían dicho que no le iban a volver a mirar", ha insistido. Según ha relatado consultó la aplicación informática de la Hacienda foral para ver las deudas de este contribuyente y su estado y "la mayoría de las liquidaciones venían como no pagadas, como no ingresadas, como insolvente", algo que es "improbable" que pudiera deberse a un error.
La subinspectora ha señalado que el contribuyente le aseguró que había pagado en metálico a Bravo, algo que comunicó a su superior inmediato quien le dijo que hablaría con Juan José Múgica, el diputado de Hacienda por entonces.
CONTRIBUYENTES
Otro testigo ha afirmado que tuvo conocimiento "por el boca a boca" de que con Bravo se podía hablar para acordar "el fraccionamiento" de deudas tributarias, una práctica "habitual en aquellos tiempos" tanto en el caso de deudas con la Seguridad Social como con el fisco.
"Me habían hablado de Bravo, hablé con él, era un hombre muy amable, las cosas como son", ha señalado. Este hombre, propietario de Talleres Lega, con una deuda tributaria de unos dos millones, ha apuntado que se puso en contacto con Bravo para que Hacienda no le embargara, ya que aunque su empresa "no era solvente" disponía de "una vivienda y algún bien más".
Además, ha indicado que pagó la deuda tributaria "íntegra pero fraccionada en un año" en metálico, para lo cual llegó a un "acuerdo verbal" con Bravo. "Pagaba como ciento y pico mil pesetas al mes", ha indicado.
Otro contribuyente, gerente de la empresa Nitrex, con una deuda tributaria de unos 13 millones, ha indicado que Bravo les aplazó la deuda y les dijo que había un saldo a favor de IVA a compensar, en total siete millones, el resto se lo pagaron aplazado "en metálico". Según ha reconocido quedó pendiente de abonar "el recargo de apremio".
Un testigo con una deuda de más de 26 millones ha reconocido que realizó personalmente "en metálico" pagos a Bravo porque "así" se lo reclamó él. También ha señalado que el exdirector de la Hacienda de Irún le daba "justificantes de embargo en metálico" y tras el último pago Bravo le dijo que su deuda estaba "saldada".
Uno de los propietarios de Viveros Yoca, con una deuda de unos 12.000 euros con Hacienda, y su esposa han indicado que la saldaron con el pago de tres mil euros que la mujer abonó en metálico en la Oficina de Irún. Según ha afirmado no le extraño que la cantidad a pagar fuera menor que el total de la deuda, porque ella "estaba al margen" de esos asuntos, eran "negocios" de su marido.
La propietaria de la empresa Victoria Irigoyen que en 1998 tuvo una inspección de Hacienda, ha afirmado que le llamó Bravo, pero no el imputado en este caso. Con este último ha indicado que se reunió y le comunicó que tenía que pagar tres millones, aunque su deuda ascendía a unos 8 millones más una sanción, en total unos 15 millones, y que si no pagaba le "iban a precintar las tiendas".
También ha indicado que le dijo que el pago tenía que ser en efectivo, porque como era insolvente "tenía que ser así" y que no tuviera bienes en el plazo de tres años.
El juicio continuará el próximo miércoles.
