Considera un "atropello" que se le encargue a una persona con pasado en Gestoras Pro Amnístía la formación en esa materia a policías y guardias
BILBAO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) en el País Vasco ha denunciado que la Delegación de Gobierno ha designado a Aitziber Bañuelos, una exportavoz de la organización de apoyo a los presos de ETA Gestoras pro Amnistía, para formar a policías en materia de derechos humanos, en concreto, en relación con la violencia contra la mujer.
En un comunicado, el SUP ha explicado que, dentro de la lucha contra la "violencia machista", la Delegación de Gobierno en el País Vasco ha organizado por segundo año consecutivo unas jornadas formativas dirigidas al personal de la Administración General del Estado en Euskadi.
El sindicato considera un "auténtico despropósito" que la Delegación de Gobierno que encabeza Denis Itxaso haya designado para formar a policías y guardias civiles, entre otros funcionarios, a la que fuese portavoz de las Gestoras Pro Amnistía, subrayando que se trata de una "estructura dependiente de ETA-EKIN desarticulada por la Policía Nacional e ilegalizada por la Audiencia Nacional a principios de la década de los 2000".
FORMACIÓN PARA FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
La formación en violencia machista la promueve la Delegación del Gobierno "pese a carecer de competencias ni unidades especializadas en esta área", según el SUP, que añade que se dirige a los funcionarios adscritos a esta región con el objetivo de que adquieran "conciencia, conocimientos y herramientas para atender y orientar a quienes son víctimas de esta tipología delincuencial".
El sindicato ha subrayado que la violencia contra cualquier persona y concretamente, en este caso, contra la mujer, constituye una "grave vulneración" de los derechos humanos y en particular, de "sus derechos a la vida, a la igualdad, a la dignidad y a la seguridad".
El SUP añade que "corresponde a los poderes públicos la prevención, detección, atención y erradicación de este tipo y cualquier otro de violencia, así como la adopción de medidas para hacer efectivos y reales esos derechos fundamentales", de ahí que no compartan la asignación de alguien con pasado vinculado a las Gestoras para tal formación.
El sindicato de la Policía Nacional ha señalado que, "como tantos otros", esta militante y activista ha sido durante años "dinamizadora y participante habitual" de las movilizaciones, manifiestos y comunicados de apoyo a los presos de ETA y "cualquier otra iniciativa puesta en marcha contra el Estado desde la izquierda abertzale".
UNA HUMILLACIÓN SIN PRECEDENTES
El SUP cree que no existe "encaje alguno como formadora de policías y guardias civiles en materia de Derechos Humanos" si en el pasado has liderado públicamente el apoyo a miembros de una organización terrorista con "asesinos y autores de un sinfín de delitos cometidos en la mayoría de los casos contra miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".
En este sentido, añade que la encargada de la formación puede estar en posesión de la capacitación académica suficiente para impartir cursos de violencia machista, aunque cuestiona su designación cuando, según recuerdan, también hay personas condenadas por delitos de terrorismo o asesinato que concurren como candidatos a unas elecciones, se celebran homenajes públicos a exterroristas o se ha impuesto "un modelo de olvido y blanqueamiento" de 40 años de actividad terrorista "solo con el fin obtener apoyos políticos".
Sin embargo, considera que el mero hecho de poner al frente de unas jornadas orientadas a la protección de Derechos de las personas a quien "jalea, apoya y persigue la amnistía para quienes vulneran los más esenciales y fundamentales por cuestiones étnicas, ideológicas o políticas", constituye un "intento de sometimiento y un atropello a los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a la memoria de las víctimas de ETA y a la democracia".
Por ello, creen que lo ocurrido resulta "ofensivo, vejatorio, sectario", al tiempo que constituye "una humillación sin precedentes para los profesionales de la seguridad pública y demás trabajadores de la Administración Central del Estado".
