MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo ha recibido ya el suplicatorio aprobado por el Congreso el pasado 6 de octubre en el que se da el visto bueno a que se proceda penalmente contra el diputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación a raíz de determinados acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018.
Fuentes jurídicas han informado a Europa Press de que el Alto Tribunal ha emitido una diligencia de ordenación en la que avisa de que ha recibido el escrito en el que se recoge la decisión de la Cámara Baja.
El movimiento del Congreso tiene lugar después de que el pasado 12 de septiembre el juez a cargo de investigar a Casero, el instructor Andrés Palomo, propusiera dirigir un suplicatorio al Hemiciclo. En aquella ocasión, el magistrado elevó una exposición razonada a la Sala de lo Penal del Supremo en la que detallaba indicios de que Casero, en su condición de alcalde, concertó con diferentes personas y entidades, contratos de servicio, patrocinio o convenios, "incumpliendo todo tipo de formalidad exigida al efecto por la normativa aplicable en cada caso".
El suplicatorio es un trámite necesario para poder continuar con el procedimiento abreviado, ya que implica una inculpación formal que requiere con carácter previo la autorización del Congreso por la condición de diputado de Casero.
El Supremo investiga al dirigente del PP desde el pasado marzo, cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Trujillo elevó una exposición razonada en la que se calificaban los hechos atribuidos al entonces alcalde como un presunto delito continuado de prevaricación administrativa. La Fiscalía, por su parte, entendió que había también indicios de un presunto delito de malversación.
CASERO NIEGA DELITO, PERO EL JUEZ VE INDICIOS
Casero pidió al Supremo que archivara el procedimiento que se sigue en su contra al considerar que no existen indicios que permitan atribuirle ni prevaricación ni malversación en los acuerdos y contratos de servicios que realizó cuando era alcalde de Trujillo (Cáceres) en 2017 y 2018.
Desde que se iniciaran las pesquisas en su contra, el dirigente del PP ha defendido que, aunque pudo haber problemas administrativos en los acuerdos y contratos que se investigan, no ha habido prevaricación alguna por su parte.
El juez Palomo, sin embargo, considera que la conducta de Casero "no solo supone reiteradas y admitidas irregularidades administrativas", sino un "modo de proceder" que identifica "su voluntarismo al margen de cualquier interpretación con un resquicio de racionalidad del ordenamiento jurídico".
Así, subrayó las "vedadas contrataciones verbales o sin tramitación ni publicidad alguna en los supuestos que la cuantía lo requería" y la "elusión de los mecanismos de control" por parte del exalcalde. E incidió en la "asunción directa de pagos" por la integridad de los servicios que se prestaban a entidad en la que el municipio sólo era una parte, algo que encaja con el delito de prevaricación. Además, el magistrado aseguró que los hechos investigados también podían ser constitutivos del delito de malversación.
CONTRATOS BAJO SOSPECHA
En el marco del procedimiento se investigan varios contratos que se encuentran bajo sospecha. Según la prueba documental y testifical que obra en la causa, en marzo de 2017 Casero --en su condición de alcalde-- contrató a un psicólogo para que prestara servicios al consistorio en materia de violencia de género. "No informó ni aportó al Ayuntamiento el contrato suscrito, ni se instruyó expediente de contratación, ni recabó informe del órgano de contratación sobre la necesidad del servicio ni se aprobó el gasto", apuntó el juez.
Asimismo, figura que en septiembre de 2017, el entonces alcalde del PP firmó con el presidente de la Cámara de Comercio de Perú en España un contrato comprometiendo al Ayuntamiento al pago de 25.000 euros, sin dar cuenta a los servicios económicos y jurídicos del Ayuntamiento, sin que el acuerdo fuera aprobado previamente y sin someterlo a información pública ni publicarse en el BOE.
Ese mismo año, Casero habría acordado verbalmente aportar 18.000 euros a un evento organizado por la Asociación Cultural Bon Vivant, sin seguir procedimiento alguno y sin informar a los servicios del Ayuntamiento.
En junio de 2018, firmó un contrato de patrocinio con la misma asociación comprometiéndose a la aportación de 18.000 euros, asumiendo además otros costes, sin seguir procedimiento alguno de contratación.
Constan, además, otros dos hechos. Un contrato en 2018 con la empresa Icaro Consultores en Comunicación, SLU, para la organización de un evento por importe de 14.303 euros más IVA, sin informar a los servicios competentes y sin seguir el procedimiento adecuado. Y otro contrato, de ese mismo año, con Radio Interior SL --un contrato de servicios de comunicación y promoción de la Feria del Queso de Trujillo-- en cuantía superior a 15.000 euros, acudiendo al procedimiento propio del contrato menor cuando, por la cuantía, debería ser licitado en procedimiento abierto.
