El TC admite el recurso de 11 de sus magistrados contra la sentencia que les condenó a pagar 500 euros a un abogado

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional ha confirmado la admisión a trámite del recurso presentado por once de sus magistrados en 2004 (siete de ellos siguen integrando hoy el alto tribunal) contra la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que les condenó a pagar, a cada uno de ellos, 500 euros al abogado José Luis Mazón por la inadmisión arbitraria de un recurso presentado por el letrado que cuestionaba la designación "a dedo" de los letrados del propio TC.

El auto dado a conocer hoy implica la desestimación del recurso de súplica interpuesto por el letrado murciano contra la admisión a trámite del recurso de amparo en abril de 2007. Para Mazón, que considera que se está vulnerando su derecho a un juez imparcial, "es algo inaudito y sin precedentes que hayan recurrido al Tribunal los mismos jueces que lo conforman para escapar a una condena de otro tribunal". "La deontología judicial necesita un código con urgencia", añadió.

La sentencia del Supremo, dictada en enero de 2004, condenó a la actual presidenta del Constitucional Emilia Casas Baamonde y a los magistrados Javier Delgado, Elisa Pérez Vera, Eugeni Gay y al fallecido Roberto García-Calvo, así como a los ex miembros de este órgano Manuel Jiménez de Parga (que lo presidía en dicho momento), Tomás Vives, Pablo García Manzano y Pablo Cachón.

El Supremo ha considerado que los magistrados del Constitucional --todos menos Jorge Rodríguez Zapata, que se incorporó al tribunal después de la polémica decisión-- incurrieron en responsabilidad civil por inadmitir de plano el recurso de amparo del abogado Mazón.

Aunque lo debatieron, el Supremo no consideró acreditado que los magistrados del Constitucional actuaran con dolo, es decir, con mala fe, al inadmitir el recurso, sino que incurrieron en responsabilidad culposa.

Ello ahorró a los magistrados condenados el tener que plantearse la dimisión, ya que el artículo 23.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional recoge como causa de cese de los magistrados el haber sido declarado responsable civilmente por dolo. También se evitó una compleja solución al problema, ya que dichos ceses deberían ser acordados por mayoría de tres cuartos del Pleno del alto tribunal, integrado por los 11 condenados más Rodríguez Zapata.

El Pleno de la Sala de lo Civil del Supremo, en decisión de la que fue ponente su entonces presidente, impuso a cada uno de los magistrados el pago de 500 euros al abogado, que percibirá un total de 5.500.

Mazón pedía en su recurso una indemnización de 11.000 euros (a razón de 1.000 por cada magistrado), por lo que el Supremo le ha concedido la mitad. Además, el recurrente solicitaba la condena por responsabilidad civil dolosa, o, alternativamente, culposa (es decir, sin mala fe).