MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La fase testifical del juicio por el 'procés' independentista que se ha celebrado en el Tribunal Supremo se ha caracterizado por las interrupciones que el presidente de la Sala, Manuel Marchena, ha tenido que hacer en las declaraciones de los centenares de testigos cada vez que estos pedían declarar en catalán, repetían que "votar no es un delito", o mostraban su disconformidad con tener que contestar a la acusación popular ejercida por Vox.
Han sido especialmente los testigos convocados por las defensas --la mayoría de ellos acudieron a la sede judicial ataviados con complementos amarillos-- y algún que otro llamado por alguna acusación, los que han ido provocando que el magistrado Marchena fuese perdiendo la paciencia durante los tres meses que han estado desfilando los 422 testigos.
Más de una vez han sido advertidos de que debían evitar hacer "valoraciones", dar "opiniones" o hacer "disertaciones" sobre los hechos que se estaban enjuiciado, e incluso Marchena ha pedido reiteradamente a los abogados que recondujesen los interrogatorios. De hecho, alguno 'motu proprio' ha intentado que sus invitados no se saliesen del carril en sus respuestas para evitar la amonestación.
A lo largo de las 44 sesiones fueron varios los testigos que provocaron el enfado de Marchena. En el caso de los citados por la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, destacó un dirigente del sindicato de maestros Ustec-stes (IAC), que además de tratar de incluir el debate sobre el derecho de autodeterminación, regañó a la abogada del Estado Rosa María Seone por utilizar el verbo "ocupar", cuando le preguntó sobre la convocatoria de Escoles Obertes para pasar la noche previa al referéndum en los colegios.
También la profesora universitaria Marina Garcés, que dijo haber entrado en un "estado de alucinación" y de "estupefacción" al ver las actuaciones policiales el 1 de octubre; el abogado Lluís Matamala, quien planteó su deseo de testificar en catalán aludiendo a sus conocimientos como jurista; o el concejal de ERC en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) Jordi Pesarrodona, que comenzó su declaración afirmando que conocía a los acusados "debido a la represión".
PRIMER DÍA DE TESTIGOS, PRIMER MOMENTO DE TENSIÓN
De hecho, el primer momento tenso llegó el mismo día que comenzaron a pasar los testigos, el 27 de febrero. Los diputados de la CUP Antonio Baños y Eulalia Reguant se negaron por principios a contestar a Vox, pese a que el tribunal les había avisado de que estaban obligados a responder a todas las partes y que de lo contrario tendría consecuencias legales.
Ambos se mantuvieron firmes en sus intenciones, por lo que el tribunal acordó imponerles una multa de 2.500 euros. Marchena incluso llegó a proponerse como intermediario para que Baños le contestase a él directamente y así 'camuflar' que se dirigía a la acusación. Pero el 'cupaire' rechazó la fórmula y enojó a los magistrados, en especial al veterano Luciano Varela, que mostró gestos de enfado mientras debatía con sus compañeros la situación.
Las siguientes jornadas fueron algo más tranquilas. Además de políticos, pasaron centenares de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que actuaron el 1-O. De una manera más tímida --alguno pidió permiso al tribunal para reproducir palabras malsonantes-- o con más soltura contaron los insultos que escucharon, los golpes que recibieron de los concentrados y las "caras de odio" que vieron.
Pero con los últimos testigos de las acusaciones apareció de nuevo la actitud desafiante que se había intentado frenar. Así ocurrió con Albert Donaire, portavoz de Mossos per la Independencia, la sectorial de la ANC, que pese a ser consciente de que no podría usar el catalán, contestó a la primera pregunta de Vox --que era quien había solicitado su comparecencia-- saltándose las normas. En este caso, fue el abogado y secretario general del partido, Javier Ortega Smith, quien fingió no entender la respuesta y le preguntó: "eso, ¿qué quiere decir?".
"POR IMPERATIVO LEGAL" Y "LA VERDAD LES HARÁ LIBRES"
A partir de ese momento empezaron a pasar los testigos de las defensas, que fueron llamados para contrarrestar las tesis acusatorias de violencia y se empezó a escuchar una y otra vez que contestarían a los de Santiago Abascal por "imperativo legal", fórmula que fue inaugurada por el exdiputado de la CUP en el Parlament David Fernández. Incluso alguno se atrevió a añadir que declaraba porque "la verdad les hará libres", en alusión a los acusados.
La concentración del 20 de septiembre de 2017 ante la Consejería de Economía fue una protesta "pacífica", repitieron varios de los concentrados, como Jordi Martínez Soler, exasesor de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y encargado de gestionar las redes sociales de su jefa, con quien "a veces, en función del contexto del día" consensuaba el contenido difundido u otras lo publicaba por "iniciativa propia", como ocurrió en aquella jornada.
También negó violencia el 20-S el cantautor Lluís Llach, que 'echó un capote' a 'los Jordis' y reveló que fue él quien les animó a subirse al coche de la Guardia Civil para desconvocar la manifestación. Además, el artista fue uno de los que se mostró contrario a contestar a Vox, pero alegó que lo haría "como ciudadano homosexual, independentista y aspirante a ciudadano del mundo".
Asimismo, los testigos de las defensas describieron el referéndum como "la fiesta de la democracia". Así lo hizo 'Joan Bonanit', un joven bautizado con ese apodo tras darse a conocer en las redes sociales por ir todas las noches al centro penitenciario de Lledoners para desear buenas noches, a través de un megáfono, a los acusados en prisión.
DEFENDER DERECHOS DESDE EL AMANECER
Otros testigos de la defensa explicaron al tribunal que, o bien pasaron la noche en los colegios electorales organizando actividades, o bien acudieron a ellos alrededor de las 6.00 horas de la mañana del 1-O para "defender" sus derechos, ya que consideran que "votar no es un delito" y que nadie les había advertido de lo contrario. "¿Pero tan pronto?", se le escapó a la fiscal Consuelo Madrigal sorprendida cuando uno de los testigos le confirmó la hora a la que había ido a su colegio.
Es más, resaltaron la capacidad de autoorganización en todos los centros y culparon a Policía y Guardia Civil de que ese día hubiese violencia. Según manifestó un policía jubilado, que se autodesignó miembro de una mesa electoral, fue la que emplearon contra ellos sin mediar palabra e ignorando la premisa de actuar de "forma pacífica" que, a su juicio, señalaba la orden judicial para impedir el referéndum.
Este testigo además afeó que el Instituto Armado rompiese la puerta de su colegio electoral sin preguntar ni siquiera si estaba abierta y contradijo la versión de uno de los agentes que resultó lesionado por el impacto de una silla que había sido lanzada en el momento que entraba en el interior del centro. El policía jubilado achacó esta caída a un resbalón con los restos de cristales. También otro de los votantes, un hombre mayor, lamentó la intervención policial y para ello describió de una manera gráfica que a él le "cogieron por los testículos" y le "levantaron".
No han sido los únicos que han reprochado la actuación policial durante el referéndum, pues también lo hicieron observadores internacionales pagados por el Diplocat --o "visitantes" como los calificó el ex responsable del organismo diplomático catalán Albert Royo--: un diputado alemán, que reconoció que no sabe quién abonó la noche de hotel en Cataluña del día del referéndum; una eurodiputada portuguesa que siguió el 1-O desde la "televisión"; o la política canadiense Helena Catt, que lideró durante un mes un grupo de expertos, que aseguró que no recordaba lo que ocurrió el 20-S y que el día del referéndum tan solo visitó un colegio.
