BARCELONA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia, Montserrat Tura, ha asegurado que la aprobación por el Gobierno catalán del proyecto de ley del recurso de casación configura un Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con "un grado de competencias muy superior al que tiene ahora", dotado "de las funciones otorgadas por el Estatut".
Ha destacado que no hay nación que pueda desarrollarse sin desarrollar las tres ramas del Estado de derecho, es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. En este último, asegura que se han hecho "pasos de gigante" aunque la sentencia del TC "haya intentado reducir la capacidad" de Cataluña.
El Proyecto de Ley aprobado ayer regula el recurso de casación en materia de derecho civil catalán, que desarrolla el artículo 95.3 del Estatut, que atribuye en exclusiva al TSJC la unificación de la interpretación del derecho civil de Cataluña. Según Tura, ahora en materia de derecho civil catalán "todo empieza y acaba en el TSJC".
El texto regula el recurso de casación --que es la vía prioritaria de acceso al TSJC de los asuntos civiles regidos por el derecho catalán-- y sus criterios de acceso para que el derecho catalán pueda contar de manera eficaz con un elemento esencial para su interpretación y aplicación.
Tura ha destacado que este acuerdo de Gobierno catalán es una decisión "muy importante" por el momento en el que llega y porque "culmina" la modernización del derecho civil catalán. "No haremos ni un paso atrás en el objetivo de conseguir una estructura en el poder judicial que regule todo aquello que pasa en Cataluña", ha apuntado.
RECURSO DE APELACIÓN ANTE LOS TSJ
El Gobierno catalán también aprobó una proposición de ley para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal estatal, que propone que los tribunales superiores de justicia (TSJ) sean los que resuelvan los recursos de apelación contra las sentencias con condenas superiores a cinco años de privación de libertad. Ayer se acordó su traslado al Parlamento catalán para que lo presente en el Congreso.
Tura ha explicado que actualmente los casos juzgados en las Audiencias Provinciales no se pueden apelar, sino que la única posibilidad es interponer un recurso de casación ante el Supremo. El Gobierno catalán propone modificar dos artículos de la ley para que se abra una segunda instancia y se pueda producir una revisión de los hechos juzgados.
Ha destacado que estos acuerdos, que ahora tienen que tramitarse en el Parlamento catalán y en el Congreso, "vendrían a dotar el TSJC de lo que establece el Estatut, que dice que en el TSJC culmina la organización judicial de Cataluña y que es competente para conocer de las distintas jurisdicciones".
