PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes el dictamen en relación con el proyecto de ley foral de Reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, que será elevado próximamente a Pleno para su definitivo debate y votación.
El proyecto de ley impulsado por el Gobierno tiene por objeto "actualizar la regulación, mejorar la seguridad jurídica y facilitar la aplicación de los derechos y ayudas reconocidos a las víctimas y sus familias para, mediante la instauración de un marco integral de reconocimiento, protección y reparación, reforzar el compromiso de las instituciones con la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia".
El ámbito territorial de aplicación comprende tanto los atentados cometidos en Navarra como los ocurridos en el resto de España o en el extranjero, "siempre que las víctimas tengan la condición política navarra en el momento de los hechos o hayan nacido en Navarra".
El nuevo texto, que viene a sustituir a la Ley Foral 9/2010, regula un sistema de indemnizaciones complementarias a las estatales por fallecimiento, secuestro y daños físicos o psíquicos, con un incremento del 30%, vinculado a supuestos concretos, sobre las cuantías concedidas por la Administración General del Estado.
A su vez, incorpora compensaciones por situaciones de dependencia. También se disponen ayudas para reparar daños materiales en viviendas, establecimientos y otros bienes, así como medidas de asistencia sanitaria y psicológica, apoyo para el acceso a vivienda protegida, becas al estudio, estrategias de inserción laboral y posibles beneficios en el ámbito fiscal.
Las ayudas, que alcanzan a familiares y otras personas vinculadas por parentesco, convivencia o dependencia, tienen carácter complementario respecto a las estatales y subsidiario en relación con las reconocidas por otras administraciones y, en su caso, por aseguradoras, en los términos previstos en la ley.
El proyecto incluye, además, subvenciones e iniciativas de respaldo a las asociaciones y entidades que representan y defienden los intereses de las víctimas, así como convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, todo de cara a favorecer la atención y protección de las personas perjudicadas.
La norma prevé actuaciones de reconocimiento público, conservación de testimonios, investigación y difusión del conocimiento sobre el terrorismo. Asimismo, se contempla el impulso de iniciativas educativas orientadas a "promover los derechos humanos, preservar la memoria y dignidad de las víctimas y contribuir a la deslegitimación de la violencia".
El texto establece el 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, como jornada anual de recuerdo y reconocimiento, y crea el Consejo Navarro de Participación de las Víctimas del Terrorismo.
Las previsiones de la ley serán aplicables, con carácter general, a los actos terroristas ocurridos desde el 1 de enero de 1960, aunque las disposiciones relativas a la reparación de daños materiales quedan excluidas de esta aplicación retroactiva.
No obstante, se consignan reglas específicas, con sus correspondientes condiciones y plazos, para determinadas prestaciones vinculadas a hechos anteriores a la fecha de referencia. En concreto, la norma permite solicitar, durante los cuatro años siguientes a su entrada en vigor, las ayudas complementarias por fallecimiento y daños físicos o psíquicos a quienes hubieran recibido la correspondiente ayuda estatal, pero no la complementaria de Navarra.
En el ámbito de la vivienda, las ayudas para hechos anteriores a 1960 se reservan a las víctimas que se encuentren en situación de vulnerabilidad y requieran especial protección.
ENMIENDAS APROBADAS
En el transcurso del examen efectuado en Comisión se han debatido 225 enmiendas, de las que se han aprobado 8, 4 de UPN y otras 4 suscritas de manera conjunta por PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin.
Desde los grupos de Gobierno, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, se ha completado lo dispuesto en el proyecto de ley con una serie de consideraciones relativas a la protección y violación de los espacios de memoria, también en el ámbito local, y el recuerdo y reconocimiento institucional de las víctimas.
En ese sentido, se confiere al Gobierno de Navarra un plazo de dos años para elaborar un Censo que recoja todos los espacios de la memoria de las víctimas del terrorismo y, a partir de ahí, se le emplaza a abordar el desarrollo reglamentario preciso para "definir las acciones u omisiones" que supongan incumplimiento de las obligaciones de protección de dichos lugares, igualmente en lo referido a la "retirada de las vías públicas de todo elemento contrario a la memoria y la dignidad o legitimador de cualquier forma de violencia terrorista".
Dichas previsiones, que incorporan un régimen sancionador, se hacen extensivas a las Entidades Locales, cuya "inacción", también cuando "los elementos contrarios a la memoria y la dignidad se encuentren en edificios privados con proyección a un espacio visible de acceso o uso público", será suplida por el Gobierno de Navarra, "a costa de las administraciones locales".
De modo complementario, se prevé la incorporación de cláusulas (en subvenciones, contratos públicos, convenios) tendentes a "impedir la utilización de fondos públicos para actividades de legitimación, ensalzamiento o justificación de la violencia terrorista".
En la entorno del reconocimiento institucional y memoria de las víctimas, la cobertura se hace extensiva a las personas que sufrieron "amenazas, extorsión económica, secuestro o persecución política" de organizaciones terroristas y cuyas vidas, según se precisa, "debieron ser protegidas".
De las 28 enmiendas defendidas por UPN, para quien la principal diferencia entre el proyecto a debate y la Ley de 2010 radica en el "contexto", se han aprobado 4, tres de las cuales hacen alusión a la exposición de motivos, donde se vincula la consecución de una sociedad "justa, pacífica e inclusiva al debido ejercicio de memoria, reconocimiento y reparación (individual y social) de las víctimas del terrorismo, principalmente de ETA, que es la que más víctimas ha causado en Navarra".
Las enmiendas de UPN desestimadas (con la oposición de PSN, EH Bildu, GB y Contigo-Zurekin) redefinían el objeto fundamental de la ley para, señalando directamente a ETA como la "organización terrorista que más daño y víctimas ha causado en Navarra", enfatizar "la importancia de mantener viva la memoria, recordar el daño y el horror y asegurar el derecho de las víctimas a la reparación integral bajo los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad".
El resto de las enmiendas registradas, 8 de EH Bildu, 18 del PPN y 167 de Vox, han decaído. Las propuestas de EH Bildu (rechazadas con los votos en contra de todos los grupos) planteaban un "enfoque alternativo" al reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, sin la "asimetría y jerarquización" de damnificados que observan en el proyecto de ley, visión que extrapolan al terreno educativo y de las ayudas económicas, hecho que, a su parecer, "ahonda en la confrontación" por la vía del "tratamiento diferencial".
Entre otras cuestiones, reclamaban la supresión de la exposición de motivos del emplazamiento a quienes "ejercieron la violencia o pudieron darle cobertura social y política mediante su apoyo", para que "se unan a la inmensa mayoría y asuman públicamente que la violencia terrorista de ETA fue injusta e ilegítima".
Las 167 enmiendas de Vox, todas desechadas, conllevaban una redefinición del proyecto Ley, de manera similar al PPN, que tampoco ha visto prosperar ninguna de sus 18 propuestas.
Una vez dictaminado, el proyecto de ley, que "incorpora la perspectiva de género de un modo transversal", será elevado, previsiblemente, al Pleno el día 29 de octubre.
