PAMPLONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los delegados del 25º Congreso Federal de Metal, Construcción y Afines de UGT (MCA-UGT), que se celebra en Pamplona desde el pasado miércoles y se clausurará mañana, votaron hoy la candidatura presentada para la nueva Comisión Ejecutiva que dirigirá la federación durante los próximos cuatro años y encabezada por Manuel Fernández López, 'Lito', quien estará al frente de la Secretaría General. Además, el plenario aprobó por "práctica unanimidad" las resoluciones debatidas en este congreso.
Para la Comisión Ejecutiva Federal se presentó una candidatura encabezada por 'Lito' y conformada por Teodoro Escorial en la secretaría adjunta a la Secretaría General; Bernabé Fernández en la secretaría de Organización; Félix González en la de Administración y Recursos; Carlos Romero como secretario de Política Sindical y Sectorial; Saturnino Gil en Salud Laboral y Medio Ambiente; Dionisia Muñoz será secretaria de Política Social e Igualdad; Silvia Ramos de Política de Formación, Empleo y Juvetud; y Laura Alonso, Juan Carlos Barrero, José Luis Gacio, Manuel García, Rogelio Luis Mena, José Ruiz y Jose Ignacio San Miguel secretarios federales.
Durante la jornada los delegados también debatieron y aprobaron los dictámenes elaborados por las cinco comisiones de trabajo, además de conocer y contribuir con sus aportaciones a las directrices fundamentales que va a defender esta federación durante los próximos cuatro años, tras apostar "decididamente por un inequívoco compromiso con el empleo de calidad y con el modelo social europeo".
"IRRESPONSABILIDAD DE LA CEOE"
En materia de diálogo social, el 25º Congreso de MCA-UGT censuró "la irresponsabilidad de la CEOE al impedir la renovación del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva para 2009, que ha supuesto la ruptura del diálogo social, y ha llevado a la parálisis y al conflicto en la negociación colectiva".
La movilización general convocada para el día 12 de diciembre para exigir un cambio de actitud en las patronales y la apuesta por una salida negociada a través del diálogo social y la negociación colectiva fueron algunas de las cuestiones que estuvieron también presentes en los debates.
En materia de infraestructuras, los delegados defendieron que "en momentos de crisis, recesión y paro como el actual", la inversión en infraestructuras se convierte en "un imprescindible mecanismo de estímulo de la demanda a la vez que contribuye a la generación de empleo", por los que abogaron por la necesidad de "políticas favorecedoras de su desarrollo".
Respecto a la vivienda, este congreso habló sobre el derecho a una vivienda digna y exigió la potenciación y profundización de las diferentes y diversas políticas públicas en materia de vivienda.
En el tema de igualdad, las resoluciones aprobadas señalan que es "necesario materializar el principio de igualdad en el ámbito laboral de forma que todos tengan los mismos derechos y obligaciones, las mismas opciones y oportunidades para poder llevar a la práctica el principio de igual remuneración a igual trabajo". Además, hicieron especial hincapié en supervisar las condiciones laborales de los trabajadores más vulnerables para "evitar toda forma de discriminación".
Inmigración fue otro de los temas a debate sobre el que los delegados constataron "las dificultades para acceder y permanecer en el mercado de trabajo, que se incrementan en el caso de este colectivo", por lo que "se hace imprescindible asegurar que las condiciones laborales de estos trabajadores posibilitan su integración social y el disfrute de una vida digna", sostuvieron.
En materia de política industrial, el congreso señaló que deben sentarse las bases para impulsar la actividad económica y potenciar el cambio de modelo. Para ello, abogaron por un crecimiento estable del sector industrial, basado en "la innovación, el desarrollo tecnológico y un alto valor añadido, aspectos que contribuyen a aumentar tanto la productividad del conjunto de la economía, como el empleo y la calidad del mismo".
El documento aprobado, según informa la web de la federación, guarda un capítulo para la energía, en el que considera que los poderes públicos deben planificar y regular una política energética que garantice la seguridad en los suministros, promueva la combinación de fuentes más apropiadas para preservar el medio ambiente, y todo ello a unos precios competitivos".
Sobre salud laboral, reiteraron que la siniestralidad laboral "continúa siendo una de las lacras más importantes que padece el sistema productivo, y por ello apostaron por "actuaciones tendentes a que las empresas cumplan eficazmente con sus obligaciones preventivas". En este sentido, consideraron que "se impone la necesidad de establecer medidas coercitivas que sean más ágiles y contundentes contra las empresas incumplidoras de estas obligaciones, junto a un mayor protagonismo en el marco de la negociación colectiva".
Finalmente y en relación al tema de medio ambiente, los delegados apoyaron "la importancia creciente" en el uso de energías renovables y el uso de combustibles alternativos. Además, dejaron claro que "en ningún caso las políticas medioambientales deberían poner en riesgo el mantenimiento y mejora del empleo en los sectores productivos de la federación".
