Archivo - Salón de Plenos del Parlamento de Navarra. - EUROPA PRESS / Eduardo Sanz - Archivo
PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Parlamento de Navarra ha aprobado este martes el dictamen en relación con el proyecto de ley foral de Industria y de Fomento Empresarial, que será enviado al pleno para su debate y aprobación definitiva, previsiblemente el 29 de octubre.
La comisión parlamentaria ha incorporado al proyecto enviado por el Gobierno 59 de las 117 enmiendas que han sido debatidas. En concreto, se han incluido 10 propuestas de UPN, 16 del PPN, 22 conjuntas de EH Bildu y Contigo-Zurekin, una de EH Bildu y diez conjuntas de PSN, Geroa Bai y EH Bildu.
Desde los grupos que sostienen al Gobierno (PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) se ha completado lo dispuesto en el proyecto de ley con una serie de consideraciones relativas a la economía social (se incluye en la relación de subgrupos que integran el ecosistema industrial de Navarra y tendrán representación en la Comisión Interdepartamental), a las Cooperativas y Sociedades Laborales (se integran en la relación de aspectos específicos y temáticos), al emprendimiento cooperativo, a las personas socias trabajadoras (sujetos de cualificación y recualificación) y a las Cooperativas de Trabajo Asociado (se les tiene en cuenta en los procesos de reactivación industrial).
Las enmiendas consensuadas entre EH Bildu y Contigo-Zurekin obligan a la Mesa del Ecosistema Industrial Navarro a emitir y remitir al Parlamento un informe anual público sobre el cumplimiento del Plan Industrial, que deberá evaluar específicamente el impacto y el retorno social y económico de las ayudas y recursos públicos.
En materia de igualdad de género, se exige al Ejecutivo que garantice la implantación de los planes de igualdad obligatorios (en empresas de más de 50 trabajadores) y el registro de medidas o planes voluntarios en las de menor tamaño. Asimismo, se impone la creación de protocolos obligatorios contra el acoso sexual en todas las entidades y se introducen medidas para penalizar o reducir la brecha salarial.
A su vez, se consigna la obligación de asegurar que las empresas con plantillas superiores a 50 personas dispongan de recursos para la igualdad real del colectivo LGTBIQ+ y protocolos frente al acoso y la violencia (conforme al RD 1026/2024), promoviendo estas mismas medidas y pautas de atención en las empresas más pequeñas.
Por otra parte, se prevé capacitar jurídica y presupuestariamente a Sodena y al INI para desarrollar un plan propio de proyectos industriales de titularidad pública, priorizando la descarbonización y la reindustrialización de empresas en crisis que sean viables. Se materializará mediante su compra, facilitando posteriormente la cesión de su gestión a los trabajadores constituidos en cooperativa o sociedad laboral.
En ese terreno, se ha resuelto que el Fondo de Industrialización priorice las ayudas bajo criterios de retorno social. Entre las variables a evaluar sobresalen la creación de empleo estable, la reducción de la brecha salarial, los planes de descarbonización, el arraigo empresarial y el desarrollo industrial en zonas rurales.
En otro orden de cosas, se ha convenido impulsar medidas dirigidas a alcanzar la reducción de la jornada laboral máxima a las 35 horas semanales.
También a propuesta de EH Bildu y Contigo-Zurekin se ha acordado la redacción de un plan de reducción de la siniestralidad laboral en el plazo de un año, con la colaboración de las organizaciones sindicales que tengan más de un 10% de representatividad en el sector industrial y con las organizaciones empresariales más representativas.
EH Bildu, a iniciativa propia, ha conseguido el respaldo mayoritario para obligar al Ejecutivo foral a ampliar normativamente los casos de devolución de ayudas públicas ante deslocalizaciones o malas prácticas empresariales. La medida persigue que las compañías tengan que reintegrar los fondos públicos recibidos incluso si el cese o la reducción de su actividad en Navarra no coincide directamente con su apertura en otro territorio, siempre que se demuestre una mala praxis en el cobro de la subvención.
Entre las aportaciones incorporadas a iniciativa de UPN en el ámbito de la cohesión territorial y la atracción empresarial, figuran la obligación de mejorar la conectividad de las diferentes zonas de Navarra, planificar la implantación de una formación profesional adaptada a las necesidades de las empresas locales, así como diversas actuaciones en materia de vivienda.
Por otra parte, se acentúa el control parlamentario ligado al procedimiento de declaración de proyectos empresariales de interés estratégico, de modo que, con carácter previo a su aprobación, el Gobierno de Navarra deberá adjuntar obligatoriamente toda la documentación y los informes del expediente que avalan la decisión.
Dentro del impulso a nuevos sectores económicos, se hace preceptiva la elaboración por parte del departamento de una estrategia de apoyo al desarrollo empresarial en nuevos sectores que se ubiquen en Navarra, con el fin de llevar el fomento industrial más allá de la competitividad de las empresas ya existentes. Y en cuanto a los procesos de reactivación industrial, se hace constar que el informe técnico elaborado por el departamento deberá ser obligatoriamente contrastado con los responsables de la empresa, antes de emitir conclusiones.
En cuestión de plazos, también a propuesta de UPN, se otorga al Gobierno de Navarra un año (desde la aprobación de la ley foral) para presentar un Plan de Arraigo Empresarial con compromisos concretos, previsión de financiación y cronología; un Plan de Generación, Retención y Atracción de Talento que atienda a las necesidades de las distintas zonas de Navarra; un Plan Específico de Simplificación para implantar actividades empresariales, con reducción de plazos concretos y calendario de ejecución; un Plan de Reducción de Costes Energéticos que cuente con medidas concretas y cronograma; un Plan de Desarrollo de Suelo e Infraestructuras Industriales, que deberá procurar espacios propicios para la innovación, el emprendimiento y el crecimiento empresarial; un Plan Específico que impulse la transición digital de las empresas de Navarra, que incorporará una estrategia enfocada especialmente a pymes y trabajadores autónomos.
Las enmiendas aprobadas a instancias del PPN ponen el acento en la igualdad y el fomento del talento femenino en sectores industriales y tecnológicos, en la promoción de las vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) desde edades tempranas y en la financiación de planes de igualdad y protocolos de no discriminación LGTBI+ para pymes, mediante un programa de subvenciones.
También se introducen medidas para, promoviendo la capacitación, formación y recualificación de los trabajadores navarros, anticipar las consecuencias sociolaborales de la implantación de la IA y las tecnologías emergentes.
En el campo de la sostenibilidad, se potencia la ejecución de proyectos industriales en zonas rurales bajo criterios explícitos de sostenibilidad económica, competitividad y aprovechamiento de los potenciales intrínsecos de cada comarca.
Por último y en lo concerniente a la eficacia y el control institucional, se limita la vigencia máxima del Plan de Industria a cuatro años; se obliga a los órganos de gobernanza industrial a elaborar una memoria anual de actividades y resultados para la rendición de cuentas; se determina que la Comisión Interdepartamental se reunirá al menos dos veces al año; y se abre la puerta a incorporar de forma temporal a representantes de colegios profesionales, universidades y centros tecnológicos en las comisiones técnicas específicas.
