- La represión podría haber afectado a unos 4.000 homosexuales aunque en la actualidad solo viven un centenar
MADRID, 25 Dic. (OTR/PRESS) -
El Gobierno estudia aplicar indemnizaciones económicas al colectivo de homosexuales que fueron represaliados y encarcelados por las extintas leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad, durante la dictadura franquista. La Asociación de ex presos Sociales calcula que durante la dictadura fueron expedientados cerca de cuatro mil personas por su orientación homosexual.
La Asociación en defensa de presos sociales mantuvo durante la pasada semana diversos encuentro con diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados con el objetivo de pulsar cual es la opinión de las distintas formaciones políticas acerca de este asunto.
Durante la reunión con el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar este les explicó que el Gobierno está estudiando el encaje legal y la manera de articular estas compensaciones económicas que se descartan incluir en el marco del proceso de la 'Ley de la Memoria Histórica'. El presidente de la Asociación de Ex presos Sociales, Antoni Ruiz, aseguró contar con el compromiso del PSOE para que las compensaciones económicas se aprueben en un plazo de dos meses a través de un Real Decreto.
Las compensaciones económicas podrían afectar a menos de un centenar de personas, supervivientes de la legislación franquista: cárcel, torturas, destierros, entre otras medidas represivas. Muchos de ellos no cotizaron lo suficiente para obtener una pensión de jubilación, dado que sus expedientes policiales les impedían acceder al mercado de trabajo.
En la actualidad cobran una pensión no contributiva y, según el presidente de esta asociación, el PSOE ve posible ampliar estas ayudas hasta alcanzar una pensión de unos 800 euros mensuales. Además, según esta entidad, se baraja la aprobación de una compensación económica, con carácter simbólico, de unos 12.000 euros. Para acceder a estas ayudas, el Ministerio de Justicia tendría que comprobar la existencia de un expediente que acredite su paso por las comisarías y celdas del franquismo.
Esta iniciativa, de momento, cuenta con el apoyo de la ejecutiva socialista, en concreto de su secretario de Movimientos Sociales, Pedro Zerolo; de la dirección del Grupo Socialista y de los grupos de IU-ICV, ERC, PNV y Mixto. Estas últimas formaciones dirigirán al Gobierno, en los próximos días, varias preguntas por escrito sobre esta cuestión.
EXPURGO DE LOS EXPEDIENTES POLICIALES.
Por otra parte, el colectivo de ex presos sociales reclama al Gobierno que agilice el proceso de expurgo de los expedientes judiciales generados por las citadas leyes. La retirada de estos expedientes se ha puesto en marcha a través de distintas comisiones en las comunidades autónomas, aunque el proceso no es tan ágil como le gustaría a este colectivo.
La asociación advierte además de que los expedientes penitenciarios todavía continúan bajo la custodia de las distintas prisiones del Estado y exigen que se inicien gestiones para su retirada y traslado a los archivos históricos que correspondan.