MADRID, 27 Oct. (OTR/PRESS) -
Se mire como se mire, excepto si los ojos están interesados en la tergiversación, todo ha ido a peor en este año transcurrido desde aquel nefasto 27 de octubre de 2017, cuando el Parlament, en voto secreto y en ausencia de la oposición, aprobó, con vigencia apenas de unos minutos, la independencia unilateral de la República de Catalunya, acto inmediatamente seguido por la disolución del Govern por parte del Gobierno central, que decretaba la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución. La autonomía catalana quedaba, de hecho, suspendida y se abría el camino para llevar a prisión a los principales dirigentes del procés'... excepto, claro, a los que huyeron al extranjero, comenzando por el hasta entonces president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Jamás había ocurrido algo tan grave en Cataluña desde que el general Batet bombardease Barcelona en 1934.
Ahora, doce meses después, los políticos catalanes máximos responsables de todo aquello, representantes, se quiera o no, de la Cataluña independentista, siguen en prisión provisional. O procesados. O huidos, en el 'exilio', según ellos. La instrucción sumarial del juez Pablo Llarena ha concluido y a comienzos de año se celebrará el juicio contra esos dieciocho presuntos implicados en aquel intento de golpe de Estado: un juicio que suscita previsión de negros nubarrones en las ya muy deterioradas relaciones entre Cataluña, en general -también los no independentistas se incluyen en este apartado- y el resto de España.
La economía catalana ha sufrido un serio deterioro, la convivencia civil también, el desprestigio del conjunto del país en el extranjero seguramente se ha incrementado -o, más exactamente, quizá ha disminuído el prestigio--... Todo, todo, ha salido tocado en este loco galopar hacia la independencia abierto en 2012 de manera irresponsable por alguien que, como Artur Mas, declaraba dos años antes a quien suscribe que 'ser independentista es ser retrógrado': la propia máxima institución del Reino de España, la Corona, ve ahora oficialmente obstaculizada su presencia en Cataluña, lo que, a mi juicio, constituye un hecho gravísimo, dado que el Rey es el jefe de todo el Estado, sin restricciones posibles dictadas por un presidente autonómico que es, o debería ser, el representante territorial de ese Estado, aunque de hecho sea su peor enemigo.
Y lo que puede ser aún peor: la pésima actuación de los responsables políticos a uno y otro lado ha llevado a la peor involución anímica que el cronista recuerda haber vivido en casi cincuenta años de profesión en el país. Cualquier solución, a uno y otro lado, se ve ahora imposibilitada por el más feroz radicalismo, que impide una salida negociada. ¿Se habla de indulto? Voces indignadas se levantan a una y otra orilla del Ebro, reclamando simplemente amnistía total en una parte y castigos ejemplares de largos años de cárcel en la otra. El panorama está dominado por los 'halcones', los mismos que taponaron un remedio 'in extremis' hace un año, cuando Puigdemont, angustiado ante lo que se le venía encima, trató de convocar elecciones en el último minuto, pero no se atrevió a hacerlo ante los que le llamaban 'traidor'.
Siento decirlo, y conste que mi aprecio por el actual presidente del Gobierno no es ahora excesivamente elevado, y menos aún lo es por quien ejerce la vicepresidencia 'in pectore', el locuaz ególatra que todo lo apunta en la barra de hielo de su vanidad fatua; pero la verdad es que el intento actual de Pedro Sánchez, tratando de contener el desorden independentista a base de practicar una política de intento de diálogo, moderación y promesa de que todo se arreglará, aunque sea por la vía de un indulto tras el juicio, me parece ya la única vía. No queda otro remedio que la 'conllevanza', que significa que todas las partes tendrán, como ya ocurrió en 1977 con Suárez y Tarradellas, que renunciar a una parte de sus programas 'de máximos', comenzando por admitir la Generalitat que la independencia, simplemente, no se va a producir, y menos de forma unilateral mediante un referéndum ilegal.
A partir de ahí, y de que se cumplan los trámites que la Justicia y las leyes reclaman, supongo que todo es negociable. Incluso lo del indulto. Incluso que el jefe del Ejecutivo vaya diciendo por ahí que el delito de los políticos presos no es rebelión, sino sedición, una declaración que tanto parece haber irritado a los jueces, dicen. Y es lo que debería entender Torra, que se mantiene obtusamente en la esfera de Puigdemont, y lo que me parece que ya van entendiendo Oriol Junqueras y una parte del independentismo, que ven con alarma la carrera del fuguista de Waterloo hacia el abismo, llevándoles a todos tras de sí.
Por lo demás, creo que sería bueno que toda la sociedad civil echase una mano flexible, comprensiva, imaginativa y para nada vengativa, hacia ese entendimiento, que sin duda no sería la solución 'para siempre' del conflicto catalán. Pero ¿es que existen soluciones 'para siempre'? Pues eso.
