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MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las escuelas infantiles privadas se verían obligadas a incrementar las cuotas del alumnado entre un 40% y un 50% si el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes aprueba el real decreto que modifica las ratios alumno-profesor en el primer ciclo de Educación Infantil.
Así lo refleja un informe de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE), basado en datos y cifras oficiales a nivel nacional, sobre el impacto de la propuesta del Ministerio para modificar las ratios en la etapa de 0-3 años.
El estudio concluye que, en distintos escenarios analizados, una escuela infantil privada "pasaría de operar con márgenes muy ajustados a registrar pérdidas anuales de entre 55.000 y 90.000 euros", una situación que la organización considera "considera completamente injusta e inasumible para buena parte de las familias españolas".
El real decreto que prevé aprobar el Gobierno antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre, reduciría la relación alumno-profesor hasta 4 alumnos en el tramo de 0-1 años, 6 alumnos en 1-2 años y 8 alumnos en 2-3 años.
A juicio de ACADE, esta medida "supondría un incremento drástico de los costes laborales y una reducción de la capacidad de escolarización de los centros, especialmente en los tramos de 1-2 y 2-3 años".
La asociación advierte de que el impacto "no recaería únicamente sobre los titulares de los centros". Actualmente, la red privada escolariza a 224.405 alumnos, lo que representa el 46,3% del alumnado del primer ciclo de Educación Infantil.
"La desaparición de una parte sustancial de esta oferta educativa podría dejar sin plaza a miles de familias y generar serias dificultades en el desarrollo pedagógico de los niños y niñas de 0-3 años y la conciliación de la vida familiar y laboral", avisa.
Asimismo, el informe alerta de que la medida "podría poner en riesgo alrededor de 60.000 puestos de trabajo y comprometer la continuidad de 5.345 centros privados que imparten el primer ciclo de Educación Infantil en toda España".
La organización se pregunta además "cómo podría la red pública absorber una eventual demanda adicional de esta magnitud cuando la propia propuesta ministerial también reduciría su capacidad de escolarización".
Para ACADE, cualquier mejora de la calidad educativa "debe ir necesariamente acompañada de los recursos económicos suficientes para hacerla viable". "De lo contrario, se corre el riesgo de provocar el efecto contrario al pretendido: menos plazas disponibles, centros cerrados, pérdida de empleo y mayores dificultades de acceso a la educación infantil para miles de familias", puntualiza.
"La calidad educativa, la atención personalizada al alumnado y la mejora de las condiciones laborales son objetivos compartidos por todo el sector. Pero no pueden alcanzarse a costa de poner en peligro la viabilidad de las escuelas infantiles ni trasladando a las familias un coste que no les corresponde asumir", subraya ACADE.
La organización reitera su disposición al diálogo y solicita al Ministerio que "reconsidere una propuesta que, en su redacción actual, podría tener consecuencias muy graves para las escuelas infantiles, los trabajadores del sector, las familias y los más de 224.000 niños y niñas que actualmente cursan el primer ciclo de Educación Infantil en centros privados".
