Europa Laica critica que Gabilondo considere "razonable" la libre decisión de los centros sobre los símbolos religiosos

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Europa Laica criticó hoy las declaraciones realizadas por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, en Valladolid, donde consideró "razonable" que sean los propios centros escolares los que resuelvan la permanencia o no de los símbolos ideológicos y religiosos en sus aulas y advirtió de que este tipo de afirmaciones "no van a contribuir positivamente al sosegado y neutral diálogo social y político necesario de cara a un posible Pacto por la Educación".

En este sentido, la organización destacó "la total falta de sensibilidad hacia la Constitución Española y hacia la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Derechos de la Infancia mostrada por el ministro". Igualmente, denunció un "cierto desprecio" hacia las sentencias y autos de la jurisdicción ordinaria española y de los tribunales europeos, "quienes reafirman la neutralidad del Estado en materia ideológica y religiosa, para preservar los derechos de los escolares".

En su opinión, la discusión sobre dicha competencia "es algo ya superado, teniendo en cuenta que la propia Constitución dejó zanjado el tema al establecer como principio la neutralidad del Estado". Por ello, recalcó que la decisión sobre la admisión de la presencia o no de crucifijos presidiendo la actividad en las aulas de los centros públicos "está ya tomada" y queda recogida en el artículo 16 de la Constitución.

Así, Europa Laica aseguró que no se trata de un asunto que deban discutir los consejos escolares, ni las consejerías de Educación de las comunidades autónomas o el ministerio "porque ya la tomó la Constitución, estableciendo con ello que cada ciudadano es titular del derecho fundamental a la libertad de conciencia, derecho que ha de ser respetado obligatoriamente tanto por los poderes públicos como por los demás ciudadanos".

Por todo ello, la organización reiteró su "inquietud" ante las palabras de Gabilondo y recordó que "nadie tiene competencia para perpetrar una vulneración de derechos fundamentales". Además, subrayó "la obligación del Gobierno de defender a sus ciudadanos cuando alguien vulnere estos derechos y no dejarlos desamparados para que sean ellos los que tengan que hacer frente en procesos costosísimos".