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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, - Jesús Hellín - Europa Press
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, - Jesús Hellín - Europa Press
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha sacado a consulta pública previa el proyecto de real decreto de modificación de normativa sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, cuyos requisitos serán los mismos que los incluidos en la norma aprobada el año pasado y tumbada por el Tribunal Supremo, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio.
El Departamento que dirige Diana Morant ha iniciado así los trámites para aprobar de nuevo la norma que endurece los requisitos para la creación de universidades, después de que el Tribunal Supremo la anulara por "falta de justificación en su tramitación urgente".
El periodo de participación pública del nuevo real decreto sobre creación, reconocimiento y autorización de universidades queda abierto desde el día 15 de octubre hasta el 30 de octubre de 2026.
El tribunal concluyó que el acuerdo de la tramitación urgente del procedimiento de elaboración y aprobación "no está debidamente justificado". "Y, su efecto, de omisión del trámite de consulta previa, carecía del amparo legalmente exigido", apunta.
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anula el real decreto sobre universidades al estimar un recurso de la comunidad autónoma de las Islas Baleares e impone las costas a la Administración General del Estado en cuantía de 6.000 euros.
JUSTIFICACIÓN DE LA NUEVA REGULACIÓN
En el documento publicado para lanzar la consulta previa de la nueva norma, que tiene por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo, el Gobierno justifica que "existe el riesgo de que se consoliden modelos universitarios que no respondan de forma suficiente a los estándares de calidad docente e investigadora que históricamente han caracterizado a la universidad española, y que la equiparan a la Europa más desarrollada".
"Ello podría afectar no solo a las instituciones de nueva creación, sino también al prestigio, la credibilidad y la competitividad internacional del sistema universitario en su conjunto (incluyendo tanto a las universidades públicas como sobre las universidades privadas ya consolidadas y de larga y fructífera trayectoria académica), así como a la confianza de estudiantes, familias y empleadores en los títulos universitarios españoles", agrega en el documento consultado por Europa Press.
Por ello, el Gobierno considera "necesario" revisar la regulación vigente en materia de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, contenida en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, "con el fin de reforzar las garantías exigibles a los nuevos proyectos universitarios y asegurar unos estándares homogéneos de calidad en todo el sistema universitario".
En este punto, asegura que la experiencia acumulada desde la entrada en vigor de dicha norma "ha puesto de manifiesto la conveniencia de actualizar determinados requisitos y procedimientos para adecuarlos a la realidad actual del sistema universitario y a las transformaciones que este ha experimentado en los últimos años".
Para el Ministerio de Universidades, "la necesidad de la intervención normativa es apremiante", ya que el sistema universitario español "se encuentra inmerso en un proceso de rápida expansión y transformación, caracterizado por el notable incremento de iniciativas de creación de universidades, el crecimiento sostenido de la enseñanza virtual y la creciente relevancia de garantizar una actividad investigadora suficiente como elemento definitorio de la institución universitaria".
"Esta evolución está produciéndose a un ritmo superior al de la capacidad de respuesta del marco regulador vigente, cuyos instrumentos han evidenciado limitaciones para asegurar de forma efectiva unos estándares homogéneos de calidad en todo el territorio", avisa.
En este contexto, el Gobierno destaca que la aprobación de esta norma "no admite demora" ya que, a su juicio, "de mantenerse el régimen actual, podrían seguir reconociéndose y autorizándose proyectos universitarios que no acrediten suficientemente los requisitos académicos, docentes, investigadores y de sostenibilidad institucional que deben caracterizar a una universidad".
"Una actuación normativa inmediata permitirá anticiparse a esos riesgos, reforzar la credibilidad del sistema y garantizar que su crecimiento futuro se produzca sobre bases sólidas de calidad académica, investigadora e institucional", asegura.
LOS REQUISITOS QUE QUIERE VOLVER A APROBAR EL GOBIERNO
El real decreto aprobado por el Gobierno hace un año, y ahora tumbado por el Supremo, exigía, entre otros nuevos requisitos, que las universidades cuenten con una masa crítica de 4.500 estudiantes.
También reforzaba las garantías de solvencia económica del proyecto, ya que se requería un aval bancario, u otro instrumento legal similar, que demuestre fehacientemente la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.
La norma también establecía que era necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la ANECA o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente.
Por otro lado, recogía que el reconocimiento de las universidades online debe ser aprobado por las Cortes Generales y contar con un informe vinculante de la ANECA.
También exigía que, cuando se quiera crear o reconocer una universidad, en la memoria del proyecto se recoja el compromiso de que la institución va a disponer a los tres años de estar en funcionamiento de un número de plazas de alojamiento equivalente al 10% de estudiantes.
Con esta norma ya anulada, la universidad debía igualmente dedicar también el 5% de su presupuesto a impulsar la investigación y el 50% de los profesores tenían ser doctores, dentro de los cuales el 60% tenían que tener una evaluación positiva, con al menos de un sexenio de investigación.
