JAÉN, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Francisco Tapia, confió hoy en que Boliden Apirsa pueda satisfacer "parte o toda" la sanción que tiene pendiente con la CHG una vez que se resuelva el juicio que se celebra desde hoy en el juzgado de primera instancia número nueve de Madrid contra las empresas constructoras de la balsa de contención de la mina de Aznalcóllar (Sevilla).
En declaraciones a los periodistas en Jaén, Tapia concretó que "es un juicio entre terceros que no nos afecta directamente" aunque admitió que sí les atañe "indirectamente", pues "si Boliden consiguiera una parte o todo lo que reclama y lograra algún tipo de indemnización", una parte de ésta "correspondería a la confederación para satisfacer parte o toda la sanción que tiene pendiente".
Así, el presidente de la CHG insistió en el que hecho de que "indirectamente nos afectaría" porque "recobraríamos algún dinero".
El citado juzgado madrileño acoge desde hoy el juicio para determinar la demanda contra Geocisa, Intecsa, Dragados (hoy ACS), Banco Vitalicio y Zurich, interpuesta por Boliden Apirsa, que culpa a estas empresas de la rotura el 25 de abril de 1998 de la balsa de contención de la mina de Aznalcóllar.
Boliden Apirsa demandó a Geocisa, Intecsa, Dragados (hoy ACS), Banco Vitalicio y Zurich, por considerarlas culpables del accidente de 1998 y para que hagan frente a los gastos que en su momento ocasionó la limpieza. De esta manera, ha reclamado 115 millones de euros por los daños y otros 135 millones de euros para hacer frente a la indemnización que la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) habían solicitado de la empresa minera.
La rotura de la balsa provocó el vertido al río Guadiamar de cinco millones de metros cúbicos de aguas contaminadas; la mayoría de los proyectos para descontaminar y recuperar la zona, en los que participaron las consejerías de Empleo y Desarrollo Tecnológico, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana.
Cuando se celebró en el mes de octubre pasado la audiencia previa al juicio, Boliden aseguró que si perdía este pleito no podría indemnizar a la Junta de Andalucía y a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (GHG) por los gastos de limpieza del vertido que provocó la rotura de la balsa minera en 1998.
En esa audiencia previa, las empresas demandadas por Boliden Apirsa no aceptaron las causas del siniestro que se establecieron en el juicio penal que se celebró en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), y rechazaron indemnizar a la Junta y a la CHG porque consideran que ambas instituciones han impuesto una sanción que debe pagar Boliden.
