González Pons destaca que la aplicación del Protocolo de Kioto en la Comunitat "es de optimismo con incertidumbres"
VALENCIA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, afirmó hoy si el anterior Gobierno de José María Aznar hubiera reaccionado a tiempo y hubiera incluido en su agenda política el cambio climático "no habríamos alcanzado los niveles de emisión de gases con efecto hivernadero de los que ahora tenemos paulatinamente que distanciarnos para cumplir el compromiso del Protocolo de Kioto".
Narbona realizó estas declaraciones en la inauguración en Valencia de unas jornadas sobre el comercio de derechos de emisión de CO2 organizadas por la Universidad CEU Cardenal Herrera junto al conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, quien destacó que el Consell "ya no ira el reloj del cambio climático" sino que mira "de frente a las evidencias que confirman esra verdad incómoda".
Así, señaló que si el anterior Ejecutivo hubiera considerado el cambio climático como una cuestión política se hubiera evitado que cuando se firmó en 1997 el compromiso de Kioto las emisiones se situaran un 15 por ciento por encima de 1990, mientras que entre 1997 y 2004 se registró un incremento de 30 puntos "alejándonos con mucho de los objetivos a conseguir en 2012".
Al respecto, expuso cuando se hablaba de cambio climático "se entendía como un invento de los ecologistas" o cuando el Ministerio de Medio Ambiente presentó el año pasado un estudio con las consecuencias que supondrá para nuestro país "había quien se hacía eco de ello considerando que era una exageración más de la minsitra".
Sin embargo, aplaudió "la superación de esta concepción equivocada" del cambio climático y su inclusión en lo "políticamente correcto" porque, recalcó, además de por los efectos medioambientales mantuvo que España debe llevar a cabo una "profunda reconversión del modelo energético" por la dimensión económica que comporta ya que "todos los combustibles fósiles tienen fecha de caducidad". Del mismo modo, apuntó se trata de un "trascendental desafio ético" porque los "extraodinarios graves efectos sociales" perjudican especialmente a los países más pobres, que son los que menos constribuyen al cambio climático.
No obstante, recalcó que la adopción del comercio de lo derechos de emisiones de CO2 es uno de los instrumentos "más importantes" para "poner freno" a la emisión de gases de efecto hivernadero en España, "sumando así España a todos aquellos países que con anterioridad incorporaron el cambio climático a su agenda política, lo que les ha permitido tener en estos momentos mucho mejores índices de los que ha tenido España hasta ahora".
Con todo, recalcó que "la buena noticia" es que desde el año pasado se comienza a apreciar una desacelaración en el consumo de energía en nuestro país por debajo del PIB y que este año será el primero en el que haya un fuerte crecimiento económico sin un incremento en la emisión de gases de efecto hivernadero.
Narnona recalcó al respecto la actuación del Gobierno que se ha marcado el cumplimiento de los compromisos de Kioto "como objetivo de esta legislatura" mediante leyes como la elaboración de un Plan Nacional de derechos de emisión de CO2 o el código tecnológico de la edificación para promover las energías renovables en la construcción de nuevos inmuebles.
Además, resaltó que hay que "adecuar el coste de la energía al verdadero coste de las fuentes" ya que señaló que aunque aumentar la tarifa "no es muy popular" se debe hacer para promover un uso responsable y eficiente de la energía, además de crear una red de ciudades comprometidas por el clima y modificar la fiscalidad para beneficar a los vehículos menos contaminantes, citó entre otras medidas.
Del mismo modo, resaltó que España está "en condiciones óptimas" para complementar ese esfuerzo de reducción de emisiones en nuestro país con inversiones en energía limpia en terceros países a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio gracias, dijo, "a la competitividad de nuestra empresas en ese sector".
"OPTIMISMO CON INCERTIDUMBRES"
Por su parte, el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban Gonzalez Pons, expuso que el balance del primer año de aplicación del Protocolo de Kioto en la Comunitat Valenciana "podría calificarse como de un optimismo con incertidumbres".
Así, resaltó las 122 empresas valencianas que se encuentran inmersas e implicadas en los mecanismos de reducción de emisiones; las 365.411 toneladas de CO2 -un 4% menos de lo que tenían derecho- que han dejado de emitir las afectadas por el comercio de derechos de emisión, los 3 millones de toneladas de CO2 que dejarán de emitirse gracias al Plan Eólico Valenciano, o los 6 millones de toneladas que podrán absorber las 40.000 hectáreas del Plan Valenciano de Repoblación.
Además, resaltó la creación del Centro de Tecnologías Limpias de la Comunitat Valenciana, la inminente aprobación del Plan de Acción Territorial del Litoral, la renovación, en tres años, de toda la flota del parque móvil de la Generalitat con vehículos ecológicos, y el impulso a cultivo de vegetales para la producción de biocombustibles en la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, señaló que aunque el expediente que presenta la Comunitat en el cumplimiento del Protocolo de Kioto "es más que positivo, en términos comparativos existe "una incertidumbre que pivota sobre tres ejes de riesgo: desaparición de hábitats, desertificación e incrementos de emisiones".
Así, apuntó que la Albufera podría estar salinizada en cinco años y desecada en 10 por falta de caudal, mientras que Alicante es el territorio valenciano más afectado por el riesgo de desertificación en donde el sector agrícola actúa a modo de "infantería verde contra la desertización valenciana".
Del mismo modo, mostró la oposición del Consell a "la propuesta de desalinización en nuestro litoral" por "la incidencia contaminante de estas instalaciones" ya que, afirmó, para "desalinizar 200 Hm3, que son las desalinizadoras previstas para la Comunitat, es necesario un consumo energético que se traducirá, según datos del Ministerio de Industria, en unas emisiones de 1.300.000 toneladas de CO2".
Así, advirtió de que en un periodo de 10 años, la destrucción de las praderas de posidonia por las desaladoras puede suponer la emisión de unos 10 millones adicionales de toneladas de CO2 que hoy almacenan estos ecosistemas en nuestra Comunitat. "La desalación masiva es incompatible con el cumplimiento del protocolo de Kioto", apostilló.
