Oceana denuncia más de 51.000 horas de pesca de arrastre aparente en seis áreas marinas protegidas españolas - OCEANA
MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
Oceana ha identificado más de 51.000 horas de pesca de arrastre aparente en seis espacios marinos teóricamente protegidos de la Red Natura 2000 durante 2025, incluidas 3.456 horas sobre hábitats específicamente mapeados como vulnerables. Esta práctica afecta a espacios que albergan praderas de posidonia, arrecifes, cañones submarinos, corales de aguas frías y otros ecosistemas especialmente sensibles a las perturbaciones físicas provocadas por la pesca de arrastre.
Así lo ha puesto de manifiesto la organización en un estudio presentado este jueves en rueda de prensa en Madrid, en el que cuantifica en 205 los buques que realizaron esta práctica de pesca destructiva para los fondos marinos durante el año pasado a través de las señales de arrastre que proceden de los barcos.
El análisis se centra en seis áreas marinas protegidas de la Red Natura 2000 aprobadas en 2014 y cuyos planes de gestión siguen en proceso pasado el plazo legal establecido. Entre ellas figuran el Canal de Menorca, el Sistema de Cañones Submarinos de Avilés, el Espacio Marino de Alborán, el Sur de Almería-Seco de los Olivos, los Volcanes de Fango del Golfo de Cádiz y el Sistema de Cañones Submarinos Occidentales del Golfo de León.
Estos espacios pertenecen al 25% del fondo marino declarado como protegido, pero que, según la ONG, muestran una "grave contradicción" entre los compromisos de conservación asumidos por España y la realidad del mar. Por ello, han reclamado al Gobierno la aprobación, como mínimo, de cuatro planes de gestión en trámite antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, un objetivo que consideran "clave" para llegar a la cifra del 30% de protección marina para 2030.
Desde la organización han lamentado también la "falta de transparencia" por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y las autoridades pesqueras, por no facilitar los datos oficiales de seguimiento de los barcos para la realización del análisis, lo que dificulta la evaluación independiente de las presiones pesqueras que soportan las áreas protegidas, como ha explicado en rueda de prensa el asesor político de la ONG, Michael Sealey.
Por su parte, Soledad Gallego, directora de España y Mediterráneo de ClientEarth, con quien ha colaborado Oceana en el área legal, ha asegurado que, ante esta situación, ya se están llevando a cabo acciones legales en varios países como Países Bajos o Alemania, donde los ligitios han dado resultado.
"Somos uno de los países con más biodiversidad terrestre y marina, así que tenemos una especial necesidad de protección. Los planes de gestión son la piedra angular, la clave (...) aunque sin duda también hace falta una estrategia a nivel europeo", ha subrayado Gallego.
Mientras, el fundador y coordinador federal de Alianza Verde y exdiputado del Congreso, Juantxo López de Uralde, ha alertado del impacto del negacionismo y las nuevas tendencias trumpistas, que han provocado un "cambio total del marco de actuación".
"Uno de los objetivos de la extrema derecha es cargarse las políticas verdes. Siento traer estas malas noticias. Ahora tiene más impacto la respuesta de un 'tiktoker' diciendo que se ha comido un lenguado de arrastre buenísimo que un informe", ha advertido.
PROYECTO INTERMARES
Los planes de gestión tienen un papel fundamental para ofrecer seguridad jurídica y previsibilidad a todos los sectores que desarrollan actividades en el medio marino, incluyendo la pesca, por lo que constituyen una pieza esencial del proyecto Intemares, que nació con el objetivo de lograr una red Natura 2000 marina gestionada de manera efectiva y basada en el conocimiento científico.
Sin embargo, como denuncia Oceana, el proyecto debería haber concluido en 2024, pero el Gobierno pidió dos extensiones, la segunda de las cuales retrasará el proyecto hasta 2027. Por ello, la ONG criticado que España haya incumplido por segunda vez el plazo para aprobar nueve planes de gestión de espacios Natura 2000 marinos.
Al respecto, la científica marina senior de Oceana, Helena Álvarez, ha explicado que si los planes de gestión necesarios para el proyecto, dotados con una cuantía de 14 millones de euros, no se cumplen en la nueva fecha, el Gobierno de España tendría que devolver esa cantidad. Una situación que la científica ha calificado de "urgente". "España tiene un compromiso con el proyecto Intermares", ha recalcado.
