MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
La secretaria de Igualdad de CSIF, Marian Mur, ha reclamado este lunes la puesta en marcha del protocolo de movilidad geográfica para las empleadas públicas víctima de violencia de género, una herramienta que según afirma, está elaborada desde hace seis meses y que aún no ha entrado en vigor.
Así lo ha explicado en una rueda de prensa conjunta con la secretaria de Igualdad y Conciliación de la Confederación Española de Policía (CEP), Ingrid Pérez; y la investigadora Antonia López Martín, que a petición de CSIF ha elaborado una guía informativa para que las empleadas públicas que sufran violencia de género conozcan sus derechos y posibilidades.
Al no aplicarse un protocolo específico para gestionar un cambio de puesto de trabajo por razón de violencia de género, la mujer que lo solicita alegando otros motivos "no tiene un seguimiento posterior", no se blindan sus condiciones retributivas o sus posibilidades de promocionar ni necesariamente se protege la confidencialidad de su expediente, lo que "puede resultar un fallo mortal de seguridad", según la representante de CSIF.
Tampoco permite conocer el alcance de la problemática entre las empleadas públicas, pues sólo constan por aplicación del primer plan de igualdad en la Administración cinco traslados por violencia de género en dos años, aunque el sindicato está seguro de que esta cifra no es representativa de la realidad, donde muchas mujeres "son invisibles".
"Existiendo este protocolo, que hemos estado trabajando en él dos años, se producen traslados por otras razones como la salud, así que al final la protección necesaria no se produce porque no se ha recogido el traslado como de violencia de género", ha señalado.
Precisamente, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el II Plan de Igualdad de género en la Administración General del Estado y sus organismos públicos, una iniciativa con vigencia 2015/2016 que para CSIF, dado que queda mes y medio para que acaba el año, debió aprobarse antes. De este plan debería nacer la puesta en marcha del protocolo de movilidad.
No obstante, no es la única medida que reclama el CSIF, unido al CEP ante la próxima conmemoración, el 25 de noviembre, del Día Internacional contra la Violencia de Género, para exigir "unidad política, sindical y ciudadana" frente a "la mayor expresión de desigualdad" en forma de un renovado pacto de Estado.
"Hay que elevar a la categoría máxima y firmar un pacto de valores, de valores en mayúscula, al igual que el Pacto antiyihadista. Desde CSIF creemos que la lucha contra la violencia de género debe entrar en la agenda política y que sólo se podrá lograr su total erradicación cuando todos nos sumemos y naveguemos en la misma dirección", afirma la organización en un manifiesto suscrito también por el CEP.
Las organizaciones reclaman que se reserve un 2% del cupo de contratación pública a víctimas de violencia de género para ofrecer "una salida laboral digna" a estas mujeres y que se apruebe de forma definitiva la norma que ampara la creación de la Unidad de Familia y Mujer en la Policía para "mejorar las actuaciones" y extender la especialización por todo el territorio nacional.
Según ha señalado la portavoz de la CEP, "sólo se ha nombrado un coordinador" para componer estas unidades, sin que estén reguladas específicamente en una norma "que ampare la creación efectiva de esta unidad para que los servicios sean efectivos" y que recoja la dotación presupuestaria suficiente "para extender estos servicios" a todo el país, "cosa que hoy no ocurre".
Asimismo, reclama la puesta en marcha definitiva del Protocolo de Evaluación Policial del Riesgo de Violencia de Género, que aún está en fase de pruebas y que se lancen campañas de sensibilización tanto en medios de comunicación y redes sociales, como mediante la formación y el Programa de Participación Ciudadana.
