El Defensor del Pueblo contará con 15,8 millones de euros de presupuesto en 2019

Intervención en el Congreso del Defensor del Pueblo Francisco Fernández Marugán
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   MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno prevé una subida de algo más de un millón de euros en el presupuesto del Defensor del Pueblo para 2019, un 6,8% respecto al ejercicio anterior, hasta los 15.889.800 euros, de manera que recupera el nivel de 2010, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.

   La partida para esta institución se integra en el de las Cortes Generales, de las que es Alto Comisionado. Durante los últimos nueve ejercicios, el importe destinado al Defensor del Pueblo en los PGE se ha reducido de forma gradual en más de 1,1 millones. En 2009, esta partida ascendía a 15,96 millones de euros.

   El capítulo relativo a los gastos de personal de la Institución aumenta en 807.600 euros, un 7,1% más que en 2018, hasta los 13,4 millones de euros. Este aumento se concentra, sobre todo, en la partida destinada a los funcionarios, que sube en 807.600 euros (+8,6%), hasta los 10,1 millones.

   Para los gastos corrientes del Defensor del Pueblo, el Gobierno prevé un aumento del 22,1% respecto a 2018 (380.500 euros más), hasta los 2,09 millones de euros, mientras que para las transferencias corrientes el Ejecutivo ha presupuestado la partida se eleva un 16,5% (32.900 euros más).

DEFENSA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

   El Defensor del Pueblo es el encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas. En su último informe anual, relativo a 2017, este organismo registró más de 24.976 quejas de ciudadanos, un 51,5% más que el año anterior.

   Asimismo, tramitó 25.776 expedientes (un 48,17% más que en 2016), correspondientes a las mencionadas quejas, junto a las investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo (40).

   La institución dirigió a las Administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y dos advertencias. En total, se formularon 2.338 resoluciones, lo que supuso un incremento del 32% con respecto al año anterior.