SEVILLA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Ecologistas en Acción en Doñana, Juan Romero, anunció hoy que su organización solicitará en los próximos días a la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva que investigue la última muerte de un lince ibérico de dos años en Doñana y si se ha podido producir alguna negligencia por parte de la Junta de Andalucía, tal y como como sostiene la organización.
En declaraciones a Europa Press, Romero indicó que dicha negligencia podría ser constitutiva de delito imputable por la vía penal en aplicación del delito ecológico. Y es que, según explicó, el citado lince, de nombre 'Clavo', murió de "inanición" tras quedar atrapado en un cercado instalado por los responsables del proyecto Life-lince de la Junta de Andalucía en el Espacio Natural de Doñana.
Asimismo, Ecologistas en Acción solicitará a la Consejería de Medio Ambiente, a través de un escrito, que le remita toda aquella información que tenga en su poder acerca de la necropsia realizada al lince, así como también el plan de seguimiento y control de esta especie que se lleva a cabo en Doñana.
Romero indicó que el ejemplar muerto estaba marcado con un collar para su seguimiento, "con lo que a la negligencia de haber dejado unas instalaciones sin las medidas oportunas para evitar la entrada de linces y que no pudieran salir, se suma el que el equipo de seguimiento no se haya percatado de que el animal siempre aparecía registrado en el mismo lugar, lo que parece indicar que el seguimiento programado no se estaba realizando".
Por ello, independientemente de la actuaciones derivadas de la investigación que inicie la Fiscalía, Ecologistas en Acción exige que se asuman responsabilidades políticas y del equipo técnico responsable del Life-lince, ante el "gravísimo" hecho de que unas instalaciones montadas con el objetivo de proceder a un reforzamiento de la población de linces en Doñana "han acabado siendo una causa más de mortalidad del lince".
De igual modo, el colectivo "informará a la Unión Europea, que paga el Life-lince con una aportación de 26 millones de euros, de la "mortal negligencia", para que pidan explicaciones de lo ocurrido a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
