ERC insta al Gobierno a facilitar el derecho de defensa en un delito de tráfico tras el pago con bonificación

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de ERC, Teresa Jordà, ha registrado una proposición no de ley en el Congreso, para su debate en la Comisión de Tráfico, en la que pide al Gobierno que facilite el derecho de defensa administrativa del imputado que se acoja al pago con bonificación en un proceso sancionador.

En la iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, la republicana explica que la normativa de 2009 por la que se modifica la Ley de Tráfico se limita el derecho de defensa de las personas denunciadas.

Así, explica que la persona que quiere defender su inocencia ante la comisión de una infracción de tráfico tiene a su alcance el procedimiento ordinario, en el que podrá presentar alegaciones y proponer pruebas, así como recurso contra la resolución sancionadora.

Es más, detalla que en los casos de pago con bonificación se limita aún más ese derecho de defensa, ya que a la renuncia de presentar alegaciones se añade la imposibilidad de poder presentar recurso si el denunciado opta por el pago voluntario de la sanción, cuya posibilidad sí que se preveía anteriormente.

En este sentido, hace referencia a la denuncia del Sindic de Greuges catalán, que dice que la norma limita más los derechos de las personas afectadas, ya que una vez la persona sancionada efectúa el pago con la reducción del 50 por ciento finaliza la vía administrativa, sin necesidad de dictar resolución expresa, con la única posibilidad de poder recurrir la sanción por la vía judicial.

De hecho, señala que la posibilidad de una reducción del 50 por ciento en la cuantía de la sanción a abonar supone un beneficio para el administrado y a la vez para la Administración, ya que se traduce en la eliminación de trámites administrativos.

"Agiliza la labor administrativa suprimiendo la necesidad de dictar resolución expresa y por tanto evitando la tramitación del correspondiente expediente sancionador. Sin embargo, este descuento que puede interesar a las dos partes no debería implicar una renuncia total del ciudadano a poder defender sus derechos si lo considera oportuno", argumenta.