BRUSELAS, 23 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno español ha defendido en la Unión Europea que la autorregulación de las plataformas digitales para combatir la desinformación "resulta insuficiente" y ha defendido la posibilidad de plantear la elaboración de una normativa europea "si fuera necesario".
"La autorregulación de las plataformas digitales nos parece que resulta insuficiente y no siempre establece las necesarias garantías para la defensa de los derechos de los ciudadanos", ha defendido durante el debate público sobre cómo atajar la desinformación de los responsables de Medios Audiovisuales de los Veintiocho el embajador permanente adjunto ante la UE, Juan Arístegui.
El Gobierno español ha recordado que muchos ciudadanos se informan a través de los agregadores de noticias y las redes sociales sin necesidad de visitar las páginas web de los medios y por ello "resulta esencial la mayor asunción de responsabilidad por parte de las plataformas y de las redes sociales en la lucha contra la desinformación en línea", algo que debe "lograrse a nivel comunitario, dado el carácter transfronterizo" de las plataformas.
Sin embargo, en su opinión "la autorregulación" de las plataformas no es "suficiente" y deben ser "supervisadas por los poderes públicos" y "que éstos establezcan obligaciones para las plataformas". "Y si fuera necesario plantearse la elaboración de normativa en la materia", ha recalcado el embajador adjunto.
El Gobierno español ha respaldado el paso que se ha dado a través de la directiva sobre derechos de autor que "establece un derecho a favor de los editores de prensa" para reclamar compensaciones a los agregadores de noticias por difundir sus contenidos, similar al que se introdujo en España y que llevó a Google News a cerrar.
"Hemos constatado que el reconocimiento de este derecho mejora la posición en el mercado digital de estos medios", ha apuntado el embajador adjunto, evocando la experiencia en España a partir de la ley nacional de 2014.
El Gobierno español ha considerado "imprescindible" para la necesidad de atajar la desinformación "educar la mirada de los ciudadanos y de los profesionales de la prensa" y ha considerado "útil" y "necesario" introducir mecanismos de verificación de hechos y promover otras iniciativas complementarias al considerar que por sí mismo resultaría también insuficiente.
Así, ha puesto como "ejemplo" la exposición colectiva que prepara el Instituto Cervantes sobre las noticias falsas en el que participarán "algunos de los más relevantes artistas españoles" y ha considerado que podría transformarse en "un proyecto europeo" con la colaboración de otras instituciones "similares".
La Comisión Europea se ha dado hasta finales de año para evaluar si los compromisos voluntarios que asumieron Facebook, Google y Twitter, para combatir la desinformación y garantizar la integridad de las elecciones europeas han dado resultados suficientes o hay que tomar más medidas, incluido de carácter normativo.
Facebook, Twitter, Google y Mozilla se comprometieron a través de un Código de Conducta voluntario en octubre de 2018 a garantizar, por ejemplo, la transparencia sobre la publicidad política, incluida la posibilidad de hacer pública la identidad de los patrocinadores y la cantidad abonada por los anuncios y a diferenciarla claramente de la información.
También aceptaron establecer políticas claras para detectar la identidad y el abuso de los 'bots' en sus servicios en la UE e invertir en medios tecnológicos para priorizar, autentificar y autorizar informaciones en motores de búsquedas o canales de distribución automatizada, según sea apropiado y para bloquear las cuentas falsas.
La Comisión ha valorado los avances que han hecho las plataformas hasta ahora para "controlar" la publicidad política y atajar cuentas falsas pero ha afeado que Google y Twitter no han tomado medidas para identificar y exponer los anuncios que persiguen cambiar una opinión o comportamiento y que las redes sociales no hayan aclarado cómo han contribuido sus acciones a reducir la desinformación en la UE.
En todo caso, les ha pedido más esfuerzos para cooperar con los expertos de verificación de información "en todos" los estados miembro, así como con los medios tradicionales para "desarrollar indicadores de fiabilidad y transparencia de fuentes de información" y garantizar "un control independiente del funcionamiento de los algoritmos", así como el acceso para la comunidad investigadora de las bases de datos relevantes para detectar y analizar "mejor" las campañas de desinformación.
