La Generalitat debe a las entidades de personas con discapacidad intelectual más de 30 millones
VALENCIA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los distintos grupos políticos se han reunido este lunes con los responsables de la Mesa por la Discapacidad en la sede de la Federación de Asociaciones en favor de las Personas con discapacidad intelectual de la Comunitat Valenciana (Feaps CV). Un encuentro a propuesta de la Mesa con el fin de explicarles cuál es la situación actual del sector y las previsiones de futuro de éste.
Por parte del PSPV ha asistido Antonio Torres; Marga Sanz de EUPV; Mónica Oltra, de Compromís y Alicia de Miguel del PP. Como responsables de la Mesa por la Discapacidad estaban Pepa Balaguer y Juan Cañizares, presidenta y vicepresidente de Feaps CV; Xavier Cantera, vicepresidente de la FEAD; y Angel Bonafé y Antonio Raya, presidente y miembro de la Junta Directiva de Copava, entre otros.
La Generalitat adeuda a las entidades miembros de la Mesa por la Discapacidad más de 33 millones de euros que corresponden a la Consejería de Bienestar Social, de Educación, Formación y Empleo y de Sanidad. "Esta situación ha puesto a la inmensa mayoría de ellas al borde del colapso", según ha informado este lunes Feaps CV en un comunicado.
Durante la reunión, la Mesa por la Discapacidad les ha reiterado una vez más "la urgencia del pago de la deuda pendiente" y ha hecho especial hincapié en "no permitir que las personas con discapacidad pierdan los derechos conseguidos hasta ahora".
La Mesa apuesta por trabajar conjuntamente para que no se apruebe ninguna ley ni ningún modelo de financiación referente al sector sin que esté consensuado con éste y así se lo han manifestado a los distintos grupos políticos. Éstos, por su parte, han tomado nota de sus demandas.
De cara al 2013, uno de los temas que más preocupa a la Mesa junto con la planificación del pago de las subvenciones para que no se produzcan situaciones como las de ahora de falta de pago, es el nuevo Modelo de Financiación y una Orden que regulara el copago para el 2013.
La aplicación de este nuevo modelo supone un retroceso en la financiación de la mayoría de centros que atienden a personas con discapacidad. La Mesa pretende, por un lado, mantener en los presupuestos del 2013 la misma cuantía económica destinada a las entidades de atención a personas con discapacidad para el 2012, sin descontar el copago y retrasar la aplicación del nuevo modelo de financiación y la implantación del copago conforme está planteado, hasta que se haga un estudio serio de los criterios a tener en cuenta consecuencias de su aplicación, pero de momento no hay compromiso de ello por parte del Gobierno autonómico.
A este respecto, el portavoz en las Corts Antonio Torres ha apuntado la necesidad de que se equiparen los centros de discapacitados con los centros educativos, de forma que se rijan por las mismas condiciones "y dejen de ser el cajón de sastre del Consejo".
También ha señalado que "si la Generalitat cumpliera con el decreto de medidas alternativas al cumplimiento del porcentaje de discapacitados en las empresas de más de 50 trabajadores, los centros tendrían más financiación y no habría necesidad de incrementar el copago", según ha explicado esta formación en un comunicado.
Tras el encuentro con los representantes de los centros de discapacitados, ha manifestado su "gran preocupación" por los retrasos en los pagos de la Generalitat con estas entidades, así como con respecto a "la falta de seguridad en la continuación de estos centros a causa de esta misma deuda y la grave situación económica en que se encuentran. A esto hay que sumar la nueva normativa que la Consejería pretende poner en marcha sobre la financiación de estos centros".
El síndico socialista ha apuntado que "es necesario que se pague a estas entidades a cargo del Fondo de Liquidez Autonómica, porque hay que priorizar la deuda que se tiene con las personas, sobre todo con las más necesitadas" y ha pedido al Consejo que "no ponga en marcha la nueva normativa sobre el copago en los centros de discapacitados hasta que, al menos, no haya sido consensuada con los representantes del sector". Con respecto a esta nueva normativa que pretende aplicar el PP, Torres ha hecho hincapié a que existen "otras alternativas" para obtener mayor financiación.
