Los cónyuges serán sancionados si no denuncian el delito mientras que el resto de la población tiene el deber "moral" de comunicar los hechos
MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Ley orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que el Gobierno ha aprobado este martes, costará 75 millones de euros anuales que irán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), según han informado fuentes del Gobierno.
Las mismas fuentes han precisado que esta es la previsión del coste anual de la aplicación de la norma, aunque prevén que variará de un año a otro ya que habrá algunos gastos puntuales como, por ejemplo, la creación del Registro Central de información sobre la violencia contra la infancia, mientras que otros se mantendrán en el tiempo, como la dotación a los servicios de atención primaria.
En concreto, han explicado que una partida "muy importante" irá destinada a apoyar los servicios de atención primaria de las corporaciones locales, en concreto, a los equipos de infancia y familia, que en muchos casos ya están implantados. En el caso de la formación de jueces y fiscales, han puntualizado que no supone un coste adicional porque forma parte del programa de formación de las carreras.
La futura ley, que se ha solicitado que vaya por trámite de urgencia, establece el deber de todos los ciudadanos de comunicar de forma inmediata cualquier indicio de violencia contra menores pero no podrán ser multados si no lo hacen porque se trata de una "responsabilidad cívica moral" de comunicar los hechos a los servicios sociales, "no necesariamente a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", para que estos ya verifiquen si existe una situación de violencia.
Si bien, los cónyuges y familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad sí tendrán la obligación de denunciar y, por lo tanto, podrán ser sancionados, según han precisado fuentes del Gobierno.
Así, la norma modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer una excepción al régimen general de dispensa de la obligación de denunciar, al determinar la obligación de denunciar del cónyuge y
familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad adaptando nuestra legislación a las exigencias del Convenio de Lanzarote.
Según la ley, el deber de comunicación también será "más exigente" para aquellas personas que por su profesión (sanitarios, personal de colegios o centros de deporte y ocio) tengan encomendada la atención a menores, por lo que si se trata de hechos delictivos, también podría conllevar una multa.
