MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
La práctica de los desalojos forzosos ha alcanzado "proporciones epidémicas en África", hasta el punto de que más de tres millones de personas han sufrido esta práctica desde 2000, según denunciaron hoy las organizaciones humanitarias Amnistía Internacional (AI) y Centro por el Derecho a la Vivienda contra los Desalojos (COHRE).
"Las cifras se están disparando realmente e indican a las claras que los desalojos forzosos son una de las violaciones de Derechos Humanos más extendidas y menos reconocidas que se producen en África", declaró el director del Programa Regional para África de Amnistía Internacional, Kolawole Olaniyan, en un comunicado conjunto de las dos organizaciones.
Aunque la práctica del desalojo forzoso ha sido reconocida como violación grave de los Derechos Humanos por el Derecho Internacional y, en particular, por la Comisión Africana, los Gobiernos de toda África siguen desalojando de sus hogares a cientos de miles de personas cada año, denunciaron AI y COHRE.
Muchos de estos desalojos vienen a menudo acompañados de otras violaciones de Derechos Humanos, como el uso excesivo de la fuerza por parte de quienes los llevan a cabo, con detenciones arbitrarias, palizas, violación, tortura e incluso homicidios, añadieron.
"Muchos Gobiernos africanos justifican los desalojos forzosos basándose en que son fundamentales para el desarrollo y, por consiguiente, de interés para el bienestar de la población general", afirmó el director ejecutivo de COHRE, Jean du Plessis.
"Sin embargo, el desarrollo que genera desalojos forzosos es básicamente contraproducente, porque los desalojos dejan a las personas sin hogar, destruyen bienes y activos productivos y obstruyen el acceso al agua potable, los servicios sanitarios, la atención a la salud, los medios de vida y la educación", agregó. "Al llevar a cabo desalojos forzosos, los Gobiernos africanos empujan a la gente hacia la pobreza, no la sacan de ella", advirtió.
Por su parte, Olaniyan recordó que la práctica de los desalojos forzosos supone una violación de la obligación de los Gobiernos africanos de proteger los Derechos Humanos y desvirtúa "su compromiso expreso hacia imperativos de desarrollo tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Nueva Asociación para el Desarrollo de África".
EJEMPLOS
Las dos organizaciones muestran numerosos ejemplos de desalojos forzados en todo el continente. Por ejemplo, se calcula que dos millones de personas han sido desalojados a la fuerza de sus domicilios y muchos miles se han quedado sin hogar desde 2000 en Nigeria.
Asimismo, más de 12.000 personas fueron desalojadas a la fuerza del campo de Dar Assalaam en Sudán en agosto de 2006. La mayoría eran personas previamente desplazadas por el conflicto de Sudán que habían sido asentadas en campos situados en la capital, Jartum, o sus alrededores. Las autoridades han llevado a cabo el desalojo forzoso de miles de personas de estos campos, reasentándolas en zonas del desierto sin acceso a agua potable, alimentos ni otros servicios esenciales. Actualmente hay más de cuatro millones de personas desplazadas en Sudán.
Aparte, el Gobierno de Zimbabue sorprendió a la comunidad internacional en 2005 cuando, en una operación tipo militar, obligó a unas 700.000 personas a dejar sus casas, sus negocios o ambas cosas. Hasta la fecha, el gobierno no ha tomado ninguna medida eficaz para ocuparse de la difícil situación que atraviesan estas personas desplazadas.
En Luanda, capital de Angola, al menos 6.000 familias han sufrido desalojo forzoso y la destrucción de sus casas desde 2001. Muchas de estas familias, que no han recibido indemnización, sufrieron el robo de sus propiedades por parte de quienes las desalojaron, y aún están sin hogar.
En Kenia, aproximadamente 70.000 personas han sido desalojadas a la fuerza de sus hogares en zonas de selva desde 2005, mientras que al menos 20.000 lo han sido de barrios de Nairobi o de sus alrededores desde 2000.
En Ghana, más de 7.000 personas quedaron sin hogar cuando fueron desalojadas por la División de Caza y Fauna del Parque Nacional de Digya, en marzo y abril de 2006. El desalojo se interrumpió en abril, sólo después de que volcara una embarcación que transportaba a más de 150 personas desalojadas, accidente en el que murieron al menos 10 personas. Quienes quedan en el Parque siguen viviendo bajo la amenaza del desalojo forzado.
Además, en Legion Village (Accra), en mayo de 2006, fueron destruidas las casas de unas 800 personas, mientras que unas 30.000 de la comunidad de Agbogbloshie, también en Accra, están bajo la amenaza del desalojo forzoso desde 2002.
Al menos 300 familias en Guinea Ecuatorial han sido desalojadas a la fuerza de sus hogares desde 2004, cuando el gobierno se embarcó en un programa de regeneración urbana en Malabo y Bata. Estas familias tenían título de propiedad. Hay miles de personas más en situación de riesgo.
DERECHO INTERNACIONAL
En su comunicado, las dos organizaciones recuerdan que en octubre de 2001, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (Comisión Africana) señaló que la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos garantizaba el derecho a una vivienda adecuada, lo cual incluía la prohibición de los desalojos forzosos.
En este caso, la Comisión Africana incorporaba el fundamento y la jurisprudencia del derecho internacional de los Derechos Humanos sobre la prohibición del desalojo forzoso al derecho implícito a una vivienda adecuada que recoge la Carta Africana. Sin embargo, esta importante decisión aún no se ha visto reflejada en la jurisprudencia del continente ni en las prácticas de los gobiernos.
Según el derecho internacional de los Derechos Humanos, que incluye la Carta Africana --ratificada por Estados miembros de la Unión Africana--, los desalojos sólo pueden considerarse legítimos si se juzgan necesarios en "las circunstancias más excepcionales".
Aun dándose estas circunstancias, es necesario cumplir ciertas protecciones de procedimiento y requisitos de debido proceso, como que los Estados garanticen, antes de cualquier desalojo previsto y especialmente de los que afectan a grandes grupos, que se estudian todas las alternativas viables en consulta con las personas afectadas. Además, y en cualquier caso, la consecuencia del desalojo no debe ser que los particulares queden sin hogar o vulnerables a la violación de otros Derechos Humanos.
Por otra parte, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, tal y como fueron adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de septiembre de 2000, establecen que para el año 2020 los Gobiernos deben "haber mejorado considerablemente la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de tugurios".
