Actualizado 29/05/2013 20:15:52 +00:00 CET

Sanidad revisará las ayudas a víctimas de violencia de género

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

   La Estrategia Nacional de Violencia de Género que ha impulsado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, tiene entre sus propuestas una revisión de las ayudas económicas que se conceden a víctimas de violencia de Género en virtud de la Ley Integral, aprobada en 2004.

   En concreto, el borrador de la Estrategia, al que ha tenido acceso Europa Press, señala dentro de su "objetivo específico número 2", relativo a "la respuesta asistencial", la necesidad de "realizar un análisis sobre las ayudas económicas concedidas en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 que incluya, en su caso, recomendaciones para un mejor cumplimiento de sus objetivos".

   Aunque, al igual que en el resto de medidas que figuran en el borrador de la Estrategia, el ministerio no concreta más detalles, sí señala en otro apartado su intención de "acordar con las Comunidades Autónomas los criterios para valorar la inempleabilidad de mujeres víctimas de violencia de género, requisito para la concesión" de las citadas ayudas.

   El artículo 27 de la Ley Integral, el primero del Capítulo IV, relativo a "derechos económicos", establece que cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas mensuales superiores al 75% del salario mínimo interprofesional, sin contar la parte proporcional de dos pagas extras, "recibirán una ayuda de pago único".

   Esta ayuda se percibirá "siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional", condición que acreditará, según la norma, con un informe el Servicio Público de Empleo.

   La Ley Integral concreta que el importe de esta ayuda será equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo y si la víctima tuviera reconocida oficialmente una discapacidad "en grado igual o superior al 33%", la cantidad de la ayuda pública ascendería al equivalente a 12 meses de subsidio por desempleo. Si, además, la víctima tiene responsabilidades familiares, podría llegar a percibir el equivalente a 18 meses de subsidio o de 24 meses si concurre también discapacidad.

   La ley establece que las ayudas se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales del Estado serán concedidas por las Comunidades Autónomas y concreta que serán compatibles "con cualquiera de las previstas en la Ley de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual".

   Ana Mato ha ofrecido las líneas generales de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Violencia de Género en una comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso este viernes, donde ha incidido en que la dotación presupuestaria del plan ascenderá a 1.539 millones de euros para poner en marcha o sostener hasta 250 medidas, que aparecen enunciadas y agrupadas por bloques temáticos.

   En el área de prevención enuncia, entre otras, "difundir testimonios positivos de mujeres que han superado la violencia de género" e "impulsar acciones de sensibilización dirigidas a profesionales de los medios de comunicación", así como, bajo el subepígrafe de "Educación", figura "promover programas que incentiven modelos educativos en la familia para erradicar la violencia con el objetivo de fomentar una parentalidad positiva y de apoyo".

   En materia de "detección", se recoge "promover el conocimiento por los profesionales sanitarios del 'Protocolo común de actuación sanitaria ante la violencia de género'", "perfeccionar los mecanismos de derivación de mujeres que sufren violencia de género desde los servicios sanitarios".

   Asimismo, en cuanto a "mejora de la respuesta institucional", se detalla la voluntad de "garantizar el derecho a la asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género y de trata en todos los procesos judiciales y administrativos derivados de su condición de víctimas", entre otras.

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