MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -
Unidas Podemos ha registrado en el Congreso de los Diputados una propuesta de ley con la que quiere reformar la actual Ley de Minas, vigente desde 1973, al considerar que está obsoleta al no haber incorporado aún la normativa ambiental europea, y para dotarla de mayores garantías ambientales.
El coordinador de Alianza Verde de Unidas Podemos, Juan López de Uralde y los diputado de UP Antón Gómez-Reino, Irene de Miguel y la eurodiputada María Eugenia Rodríguez Palop, han registrado la iniciativa acompañados de representantes de colectivos ecologistas y territorios con proyectos mineros.
La propuesta señala que en la actual ley, el régimen para otorgar permisos, concesiones y autorizaciones es ajeno a la concurrencia de otras competencias y valores que hoy no son importantes, deben tener prioridad sobre las actividades extractivas, por lo que la iniciativa quiere que cuando se apruebe la reforma, se excluya de la actividad minera todos los terrenos que son parte de la Red Natura 2000 y aquellos otros que hayan sido merecedores de protección incompatible con las minería.
En la nueva ley se proponen medidas para integrar la tramitación de los permisos, concesiones y autorizaciones con las de los planes de restauración, los planes de desmantelamiento y abandono, así como los proyectos de las actividades e instalaciones complementarias para el tratamiento de lo extraído.
También introduce la obligación de informes preceptivos, previos y vinculantes de aquellas autoridades con competencias que pueden tener un carácter prevalente.
Tras registrar la propuesta, la formación morada ha celebrado la jornada 'Por una nueva ley de minas ambiental y social', donde ha explicado la propuesta y los colectivos participantes han relatado como los proyectos mineros tienen "graves implicaciones sobre el medio ambiente y sus territorios".
López de Uralde ha destacado que a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, este es un momento de "muchas incertidumbres" y de "mucho debate sobre cuestiones muy importantes" como la energética, por la enorme dependencia del gas y el uranio de Rusia. "Esto trae consigo un nuevo debate sobre la transición energética y los materiales ya que lo que hay que abordar son las alternativas para una reindustrialización, pero en verde", considera.
El diputado recuerda que la Ley de Minas es del año 1973 y esta norma no se ha reformado desde el franquismo, por lo que no tiene en consideración que España en 1986 se incorporó a la Unión Europea y asumió entonces "toda una gama" de legislación ambiental que el diputado asegura que no se está teniendo en consideración en el desarrollo de los proyectos mineros.
Además ha recordado que España es el país de la UE con más sanciones por incumplir la legislación ambiental comunitaria califica de "lacra" que existan leyes sobre una actividad "tan impactante" en el medio ambiente que aún no hayan considerado todo el bagaje normativo que supone la entrada de España en la UE.
Por su parte, el secretario general de Podemos de Galicia, Antón Gómez Reino, ha manifestado que estas afectaciones al territorio están siendo el vehículo fundamental de movilización en Galicia donde afirma que mucha gente está viendo como "todos estos proyectos están acabando con sus proyectos de vida", como por ejemplo la Mina de Touro.
El texto registrado pide incorporar a la normativa vigente los principios europeos de protección ambiental de cautela, prevención o corrección de los atentados al medio ambiente.
Además, busca adecuar las vías de participación pública para facilitar la acción popular contra actividades que pueden tener efectos adversos sobre el medio ambiente y quiere que cuando se apruebe la reforma queden excluidos de cualquier actividad minera los terrenos que integran la Red Natura 2000 y "aquellos otros que hayan sido merecedores de protección incompatible con las actividades extractivas".
Para Ecologistas en Acción la sociedad "no se puede permitir el coste ambiental que implica abrir nuevas explotaciones mineras", y recuerda que metales como el cobre o el oro, contenidos en el stock nacional de baterías, vehículos y aparatos eléctricos, superan la demanda estatal prevista para la transición energética.
