VALENCIA/ALMERÍA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
Alrededor de 300 personas acudieron esta mañana a la mesa que Greenpeace situó en el Paseo Marítimo de la Malvarrosa de Valencia para informar sobre las amenazas a los últimos espacios vírgenes de la costa, que muestra el informe anual sobre la situación del litoral en España 'Destrucción a Toda Costa 2009', según explicaron a Europa Pres fuentes de la ONG.
El informe analiza en esta nueva edición el estado de 233 espacios naturales protegidos repartidos en los más de 8.000 kilómetros de litoral. El documento resalta que más de la mitad de estos lugares están amenazados por el urbanismo, las infraestructuras o la contaminación.
Los interesados que se acercaron a la mesa informativa cubrieron con pedazos de tela una imagen del hotel de El Algarrobico para emular de esta forma la última acción de denuncia llevada a cabo por Greenpeace en este hotel "ilegal" ubicado en el parque natural del Cabo de Gata-Nijar, que fue ocultado bajo una tela verde para hacerlo desaparecer de manera simbólica.
Asimismo, desde la organización señalan, a través del informe, que esta autonomía ocupa el primer puesto en casos de corrupción asociada al urbanismo salvaje y que la Comunitat, con un 20,6 por ciento de su costa protegida en el papel, es la autonomía con mayor número de espacios naturales amenazados de todo el litoral español, dado que existen 21 Espacios Naturales Protegidos (ENP) en peligro.
En esta región, la definición de "parques de papel" adquiere "pleno significado", ya que "aunque hay un amplio abanico de figuras de protección costera, no son más que declaraciones formales" porque "sobre los ENP valencianos pesan numerosas afecciones que amenazan su conservación", establece el informe.
21 ESPACIOS EN PELIGRO
De los 23 ENP analizados, 21 están en peligro. Los ejemplos de las amenazas a estos espacios naturales van desde la presión al principal humedal de Castellón, el ENP del Prat de Cabanes-Torreblanca, donde se considera parte de este humedal como urbanizable, hasta el Plan de Uso y Gestión de La Albufera de Valencia, que permite que se urbanice en suelo protegido en El Saler, El Palmar o El Perelló. En Xàbia, el proyecto de ampliación de su puerto deportivo amenaza al ENP del Macizo del Montgó y Cabo San Antonio.
Asimismo, señala que ni siquiera los ENP de la costa, supuestamente amparados por la legislación, "están a salvo de la destrucción del litoral que ha imperado los últimos años", ya que más de la mitad, 120, sufren algún tipo de amenaza por urbanismo, infraestructuras o contaminación.
El trabajo indica que existen 14.372 viviendas, diez puertos, seis hoteles, cinco campos de golf, un centro comercial o un polígono industrial que se proyectan sobre supuestos espacios naturales protegidos de la costa. Además, Greenpeace ha detectado 169 casos de corrupción urbanística, con 32 imputados, 23 de ellos cargos públicos.
"PAPEL MOJADO"
La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, aseguró ayer en un comunicado que "puede que la declaración de un espacio protegido les sirva a los políticos para ponerse medallas sobre su apuesta por salvar la costa", pero agregó que cuando años después "descubren que esa protección es incompatible con algún proyecto urbanístico, intentan saltarse la norma que ellos mismos elaboraron, convirtiendo a estos espacios en 'parques de papel', en papel mojado".
Marcos consideró que "la paralización de muchos avances en materia de gestión costera, como el archivo y el olvido por parte del Ministerio de Medio Ambiente de la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa o el abandono de procesos de expropiación de edificaciones ilegales como el hotel de El Algarrobico (Almería), demuestran la nula política de gestión ante la crisis". "Una actitud que intenta obviar la normativa ambiental y relegar el medio ambiente a una segunda división de los problemas estatales", señaló.
Desde Greenpeace, agregó, se considera la política ambiental como "prioritaria". Por ello, la ONG reclama el refuerzo de la Ley de Costas ante la crisis económica, destacaron. "Tanto la administración central como las autonómicas deben garantizar el cumplimiento de esta legislación como apuesta de un futuro sostenible para el litoral", apuntó Marcos.
Asimismo, exigió un "liderazgo claro" del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en la protección de la costa. A su juicio, "el primer paso debe ser retomar la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, presentada hace más de un año, en la que el Ministerio no ha trabajado".
