Ayuntamiento ve "imposible" el inicio de la Escuela Pública de Golf en 2010 y aboga por trasladarla al Toyo I

ALMERÍA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Almería, Juan Megino (GIAL), aseguró hoy que es "imposible" cumplir el plazo de inicio de obras avanzado por el consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, para la Escuela Pública de Golf proyectada en el Toyo II, "cuyo plan general es una incertidumbre", y abogó por trasladar la instalación a El Toyo I para "rentabilizar social y económicamente" la que calificó como una inversión "estupenda".

En declaraciones a los periodistas, Megino consideró la creación de la escuela "como muy positiva por la importancia social y económica que tiene el deporte" y, aunque dijo "no poner pegas", sí que acusó a Alonso de "vender humo" con respecto al comienzo de la obra a finales de 2010 ya que, en esa zona, "hay que aprobar un planeamiento y ordenar el espacio, lo que lleva su tiempo".

Se refirió, en esta línea, al anuncio "como una milonga y un canto al sol cuando hoy no es el día de los inocentes" ya que, tal y como recordó, el suelo de El Toyo II "no es de la Junta sino patrimonio del Estado" por lo que "la incertidumbre es total" después de que el PP-A revelase la intención de recurrir el pago acordado para la 'deuda histórica" en un proceso contencioso-administrativo "que se podría alargar en el tiempo sin plazos concretos".

Aludió, asimismo, a los recursos con los que, en la actualidad, cuenta la urbanización de El Toyo y, en concreto, al campo de golf de titularidad pública aunque gestión privada con el que ya cuenta la zona y que, a su juicio, "tiene suelo suficiente para que la Escuela Pública de Golf empieza a funcionar ya".

"Las calles de prácticas anunciadas las tenemos, las pistas de pádel se pueden ubicar en parcelas ZIP y tenemos hasta 13.000 metros cuadrados de terreno municipal disponible en los que, en su momento se invirtieron diez millones de euros, por lo que parece razonable rentabilizarlos hoy y no dentro de tres, cuatro o cinco años, dependiendo de la marcha de los procesos judiciales abiertos por el PP-A".