ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los dos consejeros de la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur) de El Ejido vinculados entre 2006 y 2009 a la parte privada denominada en el sumario judicial de la macrocausa Poniente como Grupo Abengoa que han declarado este miércoles en el juicio han indicado que los "gerentes o directores generales tenían plenos poderes" para subcontratar, que "nunca" se aprobaron de "forma expresa contrataciones en el seno" del consejo de administración y que este "nunca fue ejecutivo".
En primero de los acusados en responder a las partes, a excepción de las acusaciones populares, en sala ha sido Manuel Fernández Heras, consejero y director de Producción de Aygesa, mientras que también ha comparecido Miguel ngel Abad Chacón, representante en Elsur y Aygesa de El Monte, a la postre Cajasol. Ambos han dicho desconocer que, según el pliego de condiciones, Elsur no podía subcontratar o que el Ayuntamiento ejidense hiciese alguna advertencia al respecto.
La Fiscalía Anticorrupción sitúa a Aygesa en la segunda etapa del supuesto entramado creado por el Grupo Abengoa para sobrefacturar a Elsur "detrayendo dinero de las arcas municipales" mediante sobrefacturación en "concepto de gastos de apoyo a la gestión y el asesoramiento que, en realidad, no se prestaron" y añade que, hacer "más opaca la ilegalidad que llevaban a cabo", desglosaron el concepto en otros dos; 'Fee' para "supuestos servicios generales prestados" y 'Extra Fee' para los "supuestos servicios bajo demanda prestados".
Esta mecánica, según el Ministerio Público, indicaría "claramente que el socio privado de Elsur decidía primero la cantidad de dinero que se iba a llevar y después confeccionaba el contrato, las facturas, los pedidos y resúmenes para tratar de justificar las cantidades facturadas", y de este modo "dar soporte documental a unos supuestos trabajos de apoyo a la gestión que, en realidad, no han existido".
Fernández Heras ha trasladado que en el consejo de administración "no se aprobaban de forma de forma expresa las contrataciones" ni "entraba en el proceso de aprobación del canon" aunque sí ha señalado que el "canon teórico", el que el socio privado presentaba, "era mucho mayor" y que una "negociación posterior entre el Ayuntamiento y Elsur lo dejaba en menos". "Presentábamos el canon teórico y el que se llevaba a aprobación era el otro", ha dicho.
Ha relatado que "tras el despido fulminante tras comprobar que las empresas que subcontrataban con Elsur eran suyas" de José Amate, acusado señalado como uno de los cabecillas de la presunta trama de corrupción, se le "retiraron" a sus mercantiles "las obras que estaban fuera de canon, no ligadas a contrato concreto", pero que en las obras "ligadas a canon se estudió la posibilidad de rescindir contratos pero los abogados dijeron que eran válidos y que era muy oneroso rescindir y que Elsur no podría asumirlo".
Sobre porqué se "pasaron" trabajadores de las empresas de Amate a Aygesur, lo ha desvinculado de la inspección que la AEAT realizó ese año al grupo y ha dicho que se hizo "porque iban a ir al paro, eran gente válida, y el problema era con Amate, no con sus trabajadores".
Se ha desmarcado también de los pagos de Elsur a Aygesa en concepto de 'Fee' y Extra-fee' aunque sí ha dicho que su papel en la empresa mixta era de "consultor senior": "yo pasaba las horas a personal y desconocía cuando se hacían las facturas", ha dicho para añadir que algunas de las facturas que cuestiona también la Abogacía del Estado respondieron a "servicios y contratos de asesoramiento que realicé".
En concreto, se ha referido a un Plan de Actuación Urgente de 2009 para renegociar el canon a raíz de la crisis económica de 2008, de 11 páginas y por el que se cobró 115.000 euros. "No soy el autor material, pero presté servicios no solo para redactar el plan, sino también para ejecutarlo", ha concluido.
Ha asegurado creer "que la facturación correspondía a servicios prestados", ha negado conocer "el continúo flujo de pagos entre las subcontratas" o la "confusión de trabajadores y sedes entre estas y la empresa mixta", ha remachado que desde su llegada en 2006 "no hubo irregularidad", que su beneficio "era cero" y ha justificado el que el 75 por ciento de las horas que le constan como trabajadas se facturasen a Elsur y no a Aygesa "porque contratamos un número dos que me descargó de muchas labores y me dejó más tiempo a Elsur".
Manuel Fernández y Miguel Ángel Abad han coincidido en que "donde más problemas había" era en la "deuda que arrastraba" el Ayuntamiento ejidense del que era alcalde Juan Enciso y la "falta" de financiación de Elsur, y ha asegurado que Elsur no repartía dividendos "porque ese margen se iba generalmente a la reserva".
En su turno, Abad ha sido más preciso y ha atribuido el que no se repartieran dividendos, con el consiguiente menoscabo a la parte privada a la que representaban, en el hecho de que "aunque hubiera beneficios, la deuda acumulada era muy grande". "El problema de Elsur era un problema de pagos tremendo y entiendo yo que se decidió reforzar por esa vía las reservas de la compañía en lugar de repartir".
Ha indicado que el 'fee' y el 'extra-fee' eran un ingreso "más", pero "no el beneficio como tal" para puntualizar la afirmación hecha en instrucción de que el "beneficio era vía 'fee' y no dividendos" y ha manifestado que estos "no los pagaba el Ayuntamiento, sino Aygesur". En esta línea, ha dicho que "siempre entendió que estaba regulado así dentro del contrato" aunque ha apuntado que desconoce si eso constaba por escrito.
Abad ha definido su labor en relación al Elsur como "asesoramiento sobre a qué líneas de crédito acudir o dónde podían existir problemas de liquidez si bien ha remarcado que "no cobraba". "Yo no he cobrado ningún asesoramiento, ni incluido en 'fee' ni en 'extra-fee'", ha aseverado.
A preguntas de la acusación que ejerce el Ayuntamiento de El Ejido, ha justificado que no llamase la atención del consejo de administración que entre el cuatro y ocho por ciento de la facturación fuera por estos conceptos porque "ni en las cuentas de Elsur ni en las de Aygesa venía desglose" ni porque "se le cobraban a Elsur" y ha concluido que esas cuentas "llegaban al consejo cerradas y auditadas, o con una preauditoria que no reflejaba nada en contra".
Según Anticorrupción, el grupo Abengoa supuestamente llevó a cabo mediante un entramado de sociedades una "sobrefacturación" en concepto de "gastos de apoyo a la gestión y el asesoramiento", ya que eran servicios "que en realidad no se prestaron pues no constan actas de reuniones de seguimiento, informes, estudios o documentos en los que se ponga de manifiesto la veracidad de los mismos".
"Tenían como única finalidad el apoderamiento ilícito por parte del socio privado de unos fondos que sabían que era de naturaleza pública, incrementando de esta manera los costes de Elsur para así justificar ante el Ayuntamiento el incremento de los precios en beneficio propio", sostiene.
