ALMERÍA, 14 May. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace ha asegurado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que no es cierto que el Ayuntamiento de Carboneras (Almería) sometiese a "información pública" la desclasificación del suelo del Algarrobico antes de aprobarla definitivamente en pleno, tal y como sostiene en sus últimas alegaciones, y ha pedido que proceda ya a sancionar al alcalde, José Luis Amérigo (PSOE).
Ha advertido de que, "de nuevo", el consistorio pretende dar por cumplida una sentencia "sin atemperarse al procedimiento legalmente establecido".
La organización responde, así, al último escrito del consistorio carbonero en el que comunicó a la sala, que mantiene apercibido con multas coercetivas al alcalde, José Luis Amérigo, cuál había sido el resultado del pleno celebrado el pasado 26 de abril y defendía la tramitación hecha de la modificación puntual del planeamiento urbanístico.
Las alegaciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, señala "la parte más interesada" en la modificación del planeamiento, la propietaria de los terrenos, la mercantil Azata, "permanecen ajenas a la nueva clasificación de sus terrenos" y avisa de que esto "les va a permitir anular el expediente administrativo alegando indefensión".
Greenpeace señala que la promotora, en ese trámite de información pública que no se habría dado, podría haberse "opuesto" a un "incorrecto ajuste" del expediente administrativo a la sentencia que se ejecuta, y remarca que ese "derecho" se le ha "denegado permaneciendo ignorante de lo que el Ayuntamiento de Carboneras está decidiendo sobre los terrenos de su propiedad en los que se ubica el hotel".
Añade que, en este caso, noo sólo no ha sido informada la propietaria de los terrenos, sino que "tampoco lo han sido los colindantes, ni los posibles interesados", lo que se habría evitado, según remarca, si el Ayuntamiento "hubiese cumplido con los trámites establecidos en el artículo 78 y siguientes de la Ley 7/2021 de 1 de diciembre y hubiese sometido a exposición pública el expediente, es decir si se hubiese publicado la aprobación inicial en el BOP de la provincia de Almería".
"Han trascurrido cinco años desde la firmeza de la sentencia y tras innumerables oficios, informes, decretos, providencias, dictámenes, ausencia de secretario, ausencia de arquitecto y un largo etcétera, el Ayuntamiento pretende dar por ejecutada la sentencia en 48 horas, sin atemperarse al procedimiento legalmente establecido", reprocha.
Por último, considera Greenpeace que se trata de "una maniobra más" del alcalde y concluye que se ha hecho "ampliamente merecedor de ser sancionado con una multa periódica de 700 euros y de que se de traslado a la fiscalía de lo actuado".
En su último escrito de alegaciones ante el apercibimiento de multas coercitivas al alcalde, José Luis Amérigo, el consistorio defiende el procedimiento utilizado para modificar la normativa urbanística municipal frente a las críticas de Greenpeace, que denunció al alto tribunal andaluz que el acuerdo adoptado por los concejales del PSOE y un edil no adscrito sería "nulo de pleno derecho" por un defecto en su tramitación cometido "a sabiendas".
Reconoce ante el TSJA que "no ha tramitado de forma completa" el expediente para calificar el Algarrobico como suelo no urbanizable de especial protección, y sostiene que hubiera sido "ocioso y superfluo" hacerlo así cuando, según remarca, se trata "única y exclusivamente de un expediente de cumplimiento de sentencia".
Añade en su escrito que ningún informe sectorial podría haber "alterado" el resultado y el contenido de una modificación puntual del PGOU de "ineludible" cumplimiento "para todos los sujetos públicos y privados" al tiempo que indica que, pese a ello, se abrió un periodo de información pública "con total transparencia" al que no se realizó ninguna alegación.
ACTO "DISCRECIONAL"
Para el consistorio, la desclasificación del Algarrobico no ha sido un acto "discrecional" del Ayuntamiento en el ejercicio de "su potestad de planeamiento", sino un acto determinado de forma "inexorable por una sentencia".
Asimismo, acusa a Greenpeace de querer "crear un conflicto ficticio" entre Carboneras y el alto tribunal andaluz cuando apunta a "un vicio de nulidad" en la desclasificación del Algarrobico y califica de "incompresible" que les reproche "maniobras dilatorias" cuando ha escogido "la forma de cumplimiento de la sentencia más ágil, rápida y eficaz posible", siempre "al amparo de informes técnicos".
Por último, y en respuesta al requerimiento realizado por la sala el día 5, el ayuntamiento remite una certificación emitida por la Secretaría municipal sobre el contenido del pleno e informa de que también ha procedido a comunicar, mediante el oportuno oficio, el contenido del pleno a la Junta de Andalucía.
Greenpeace mantiene que, de acuerdo a la ley vigente, la LISTA, no procedía la aprobación definitiva de la modificación del planeamiento sin antes aprobarlo de forma provisional y someter el expediente a periodo de información pública.
Considera la convocatoria del pleno extraordinario con carácter de urgencia y "una anticipación de tal solo 24 horas", tuvo como objetivo "evitar" la imposición de multas periódicas al alcalde de 700 euros tras el auto que daba un ultimátum de cinco días el pasado 13 de abril.
Para Greenpeace, no se trata de un "error" ya que el equipo de gobierno de Carboneras "conoce a la perfección los trámites necesarios para llevar a cabo una modificación puntual" ya que, en los últimos años, han acometido 28 modificaciones del PGOU "tal y como admiten".
