JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El gobierno municipal de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha querido aclarar que todas las medidas que se han llevado a cabo durante la huelga de la basura se han hecho "cumpliendo la más estricta legalidad" y con tres informes --técnico, sanitario y jurídico-- que justifican que se procediera a la contratación de Tragsa, ante la acumulación de más de 3.300 toneladas de basura en las calles de la ciudad como consecuencia del "incumplimiento de los servicios mínimos".
En un comunicado, el equipo de gobierno que preside María José García-Pelayo (PP) destaca que toda esta documentación se puso a disposición del juzgado de guardia el pasado lunes 19 de noviembre, con el objetivo de denunciar ante la autoridad judicial los hechos acaecidos en la madrugada del día anterior, y poner en conocimiento del juez los tres informes que "justifican" las medidas tomadas por el gobierno local para "garantizar el cumplimiento del auto del Tribunal Superior de Justicia Andalucía (TSJA) del 50 por ciento de servicios mínimos".
Por ello, ha mostrado su "más absoluta tranquilidad" ante la denuncia anunciada por el comité de Urbaser, ya que "todas las medidas se han tomado para garantizar la salubridad de los ciudadanos, desde la responsabilidad y la obligación moral de velar por el interés general".
En este sentido, insiste en que el jurídico presentado al juez pone de manifiesto que con esa medida "no se ha vulnerado, en ningún momento, el derecho a la huelga de los trabajadores", mientras que en el informe sanitario se ponen de relieve "los peligros que existen para la salud pública la acumulación de residuos en las calles".
El gobierno local explica que la actuación de la empresa pública Tragsa "en ningún caso ha supuesto realizar unos servicios mínimos superiores al 50 por ciento marcados en el auto del TSJA", sino que han venido a "apoyar" las labores de la empresa Urbaser para cumplir con unos servicios mínimos que "no se estaban realizando con la celeridad que debiera hacerse".
Igualmente, defiende la actuación de la alcaldesa María José García-Pelayo, que ha actuado "cumpliendo con lo señalado en el artículo 127 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, así como lo establecido en los artículos 124.4 y 25.2 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, tal y como se recoge en el informe jurídico".
Finalmente, resalta que dio cuenta de todas las actuaciones descritas en la Junta de Portavoces celebrada el pasado lunes, donde "se entregaron todos los informes que se han presentado en el juzgado".
