Policía Nacional en una imagen de archivo. - POLICÍA NACIONAL
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)
La Policía Nacional de Cádiz, a través de la Unidad Local de Seguridad Privada de El Puerto de Santa María, ha detenido a una persona en una actuación para combatir el intrusismo profesional en el sector de la seguridad privada, tras detectar indicios de la prestación irregular de servicios de vigilancia y protección en una obra de construcción de esta localidad portuense.
La investigación se inició a raíz de diversas informaciones que apuntaban a la posible realización de funciones de vigilancia por personas que carecían de la habilitación profesional exigida por la normativa vigente, como ha indicado la Policía en una nota.
Durante las inspecciones realizadas, los agentes observaron a varias personas efectuando rondas perimetrales y labores de vigilancia de recintos, maquinaria, materiales de construcción e instalaciones, con el objetivo de prevenir posibles sustracciones.
Las gestiones policiales permitieron recabar declaraciones y documentación relacionada con los servicios prestados, así como comprobar que la empresa responsable carecía de la autorización administrativa necesaria para desarrollar actividades de seguridad privada.
En el marco de la investigación, una persona fue detenida por su presunta implicación en un delito contra los derechos de los trabajadores, instruyéndose las correspondientes diligencias policiales.
Paralelamente, se han formulado propuestas de sanción administrativa por presuntas infracciones muy graves de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. Estas están relacionadas con la prestación de servicios sin la autorización administrativa exigida y el ejercicio de funciones reservadas al personal de seguridad privada por personas que carecen de la correspondiente habilitación.
Asimismo, se ha planteado la posible responsabilidad administrativa derivada de la contratación de estos servicios, conforme a la normativa aplicable.
La Policía Nacional ha recordado que las funciones de vigilancia y protección de bienes y establecimientos están sujetas a una regulación específica y deben ser desempeñadas por personal debidamente habilitado, integrado en empresas de seguridad autorizadas por el Ministerio del Interior e inscritas en el Registro Nacional de Seguridad Privada (RNSP).
El intrusismo profesional en este ámbito puede comprometer las garantías de formación, profesionalidad y control exigibles en la prestación de estos servicios, además de generar situaciones de posible vulnerabilidad laboral.
